Javier Uribe es abogado experto en temas aduaneros. El profesional fue exsubdirector de Fiscaliación del Servicio Nacional de Aduanas, cofundador del Observatorio Aduanero (OAR), miembro del Instituto Chileno de Derecho Aduanero (ICDA) y socio de AguirreUribe.

En las últimas semanas algunas publicaciones y opiniones se han referido al Servicio Nacional de Aduanas, a ratos en términos duros. Todos pueden opinar, desde luego, con más o menos información. No quiero hacer oídos sordos de ello.

Sin duda es importante contar con funcionarios aduaneros preparados, con canes detectores de drogas, con un Centro de Adiestramiento Canino de nivel internacional, con instrumentos adecuados, con sistemas informáticos modernos, con software de inteligencia artificial, con camiones y portales escáner operativos, con coordinaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales, entre otros.

Sin embargo, la utilización de estos recursos (humanos y materiales) para ejercer la acción fiscalizadora mayoritariamente debiera estar precedida de una adecuada revisión de datos, de diversas fuentes (internas o externas), que permita hacer un preciso análisis y ponderación de los diversos riegos que debe enfrentar la Aduana (drogas de diversos tipos, cigarrillos, armas, municiones, fuegos de artificio, medicamentos y dispositivos médicos inadecuados, sustancias agotadoras de la capa de ozono, falsificaciones marcarias, tráfico de flora y fauna, tráfico de piezas patrimoniales, evasión tributaria, entre otros), de tal forma que la función aduanera de revisión esté bien dirigida, optimizando el uso de los recursos mencionados, gestionando los riesgos.

Estos riesgos son dinámicos, versátiles, lo que permite y obliga a desplazar y mover la actividad fiscalizadora, aumentando el accionar por una parte y disminuyéndolo por otro, silenciosamente.

Sobre el análisis y gestión de los riesgos, se han estado implementando en el Servicio medidas que han permitido generar hallazgos de consideración. Sin lugar a duda, se debe seguir profundizando en ello, pues es ahí donde está el desafío esencial para una correcta fiscalización.

Dicho lo anterior, no es solución intentar revisar toda carga que ingresa o sale del país por un punto habilitado donde siempre hay presencia aduanera. Hacer ello implicaría detener el comercio internacional, encarecer la cadena y, lo más grave aún, incumplir obligaciones normativas de carácter internacional, vigentes en Chile, que obligan a facilitar el comercio.

Por lo tanto, siempre debe buscarse un equilibrio entre la fiscalización eficiente dirigida al control del tráfico ilícito y la evasión tributaria, y la facilitación del comercio.

Para poder potenciar los recursos mencionados más arriba, se requiere dar prioridad a su inversión; es decir, hay que dotar de presupuesto económico a la acción fiscalizadora, el cual a veces ha estado ausente o disminuido, pues se ha optado por dar preferencia a otros fines, restando priorización, por ejemplo, el presupuesto para la mantención o renovación de un camión o portal. No obstante, en el caso puntual del bullado camión escáner de San Antonio, su proceso de renovación comenzó en enero pasado.

Así las cosas, la afirmación vertida en un informe de una determinada organización internacional al que se ha aludido tantas veces en el último tiempo, requiere conocer su fuente y los hechos que han llevado a efectuar afirmaciones que, de ser efectivas y demostrables, en ningún caso se han generado de un día para otro. El Estado de Chille agradecería contar con el detalle de las circunstancias que habrían llevado a escribir en dicho informe, en unas pocas líneas, una afirmación tan gruesa como la de indicar que a través de un puerto chileno sale droga; quizás ya se cuenta con los antecedentes.

Esto es delicado porque podría verse comprometida indebidamente la imagen del país, la competitividad de un puerto, cualquiera sea su modalidad, el prestigio del ejercicio de la función aduanera y el de otras instituciones, así como simplemente la del Estado de Chile.

En mi experiencia como Subdirector de Fiscalización también ocurrieron hallazgos de droga en puertos internacionales, lo que despertó las alarmas y generó revisión de cada caso, a través de una trazabilidad regresiva, en la cual se pudo constatar que los buques que arribaron a dichos puertos, luego de salir de un determinado puerto nacional y antes de arribar al puerto de destino, hicieron escala en dos o más puertos de otros países, algunos de los cuales eran de riesgo mayor.

Con todo lo dicho no pretendo minimizar lo delicado y grave que es, desde hace muchos años, el observar cómo ha ido creciendo a nivel mundial el crimen organizado – transfronterizo en muchos casos; sin embargo, me parece que revisar cómo se presentan efectivamente los acontecimientos es un deber racional y hasta de justicia.

Por último, quisiera señalar que la actual Directora Nacional, Alejandra Arriaza, quien tiene una reconocida trayectoria como funcionaria del Servicio que dirige (más de 19 años) cuenta con serios conocimientos sobre esta institución, sobre las materias y los procesos aduaneros, lo cual es apreciado y valorado por muchos actores de la cadena de comercio internacional. Palabras más, palabras menos, lo importante es que, a mi juicio, ella conoce la realidad del Servicio Nacional de Aduanas, sus brechas, por lo que intuyo debiera saber hacia dónde dirigir las acciones del Servicio, al menos mucho más que como venía avanzando este organismo hace un poco tiempo atrás.