Por Redacción PortalPortuario
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La Tercera Sala de la Corte Suprema determinó no rechazar el permiso ambiental con que cuenta el proyecto Puerto Cruz Grande, propiedad de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en relación a la impugnación de casación por la ONG Oceana que buscaba invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La reclamación fue interpuesta por la organización no gubernamental respecto a un supuesto no inicio oportuno de la ejecución del proyecto.
Bajo este contexto, el dictamen adoptado por la sala del máximo tribunal señaló que “se estima pertinente resaltar que la caducidad de la RCA constituye una sanción para el titular que, por pasividad o negligencia, no inicia con los trabajos dentro del plazo de cinco años desde la notificación del acto aprobatorio. Desde esta perspectiva, el análisis acerca de la concurrencia de los criterios de sistematicidad, ininterrupción, además de permanencia, debe ser realizado considerando la posibilidad del interesado de instar por la concreción de las gestiones, actos o faenas aptas para materializar el proyecto, por cuanto sólo de esta manera su inacción podrá ser reprochada”.
“El eventual incumplimiento de las medidas impuestas en la autorización ambiental puede dar origen al inicio de un procedimiento sancionatorio, asunto que, si bien es de competencia de la SMA, se encuentra sujeto a un procedimiento diverso, que puede derivar en la imposición de diversas medidas y/o sanciones, todas ellas diferentes a la caducidad de la RCA, consecuencia que, como se precisó, dice relación con la inactividad, pasividad o negligencia del titular respecto del comienzo de la iniciativa, mas no con el incumplimiento o cumplimiento imperfecto de obligaciones específicas impuestas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, complementó.
El proyecto Puerto Cruz Grande fue aprobado en enero de 2015 y consiste en la construcción y operación de un recinto portuario minero por parte de la CMP, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
Se contempla que el recinto portuario atienda graneleros con una capacidad de hasta 300.000 de toneladas de porte bruto, brindando servicios de recepción, acopio y embarque de minerales a proyectos mineros que lo requieran. Considera ejecutar instalaciones terrestres y marítimas.
