Por Redacción PortalPortuario
@PortalPortuario
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW). El motivo es el cobro de llamado security fee, lo cual la entidad persecutora catalogó de “abusivo”, exigiendo el cese de la aplicación de la tarifa y multas que alcanzan -en total- 21,7 millones de dólares.
En la acusación, la FNE señala que cada una de estas empresas ejecutó un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW.
La FNE pidió al Tribunal que ordene a estas empresas que cesen en dicho cobro y que les aplique multas que totalizan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a USD 21,7 millones en total. De este monto, 10.812 UTA (USD 8,7 millones) corresponden a TPS; 11.047 UTA (USD 8,9 millones) a STI; y 5.038 UTA (USD 4 millones) a DPW.
En su requerimiento, la FNE afirma que los comportamientos anticompetitivos de estas empresas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado, más allá de las que hubiesen obtenido bajo condiciones de competencia, debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves.
En este sentido, la FNE precisó que los importadores y exportadores afectados carecen de la capacidad, o enfrentan serias dificultades, para determinar el frente de atraque por el cual movilizar su carga, producto de los relevantes costos de cambio que ello implicaría.
El requerimiento señala también que los cobros por tarifas de seguridad son injustificados porque los importadores y exportadores no mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios -a diferencia de las empresas navieras-, y los cobros no se encuentran respaldados en gastos o inversiones extraordinarias.
“Estamos frente a un claro ejemplo de abusos de posición dominante, en el cual los terminales portuarios requeridos están ejerciendo de manera abusiva la posición de dominio que tienen ante los importadores y exportadores, cobrándoles injustificadamente una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga de las mercancías que se movilizan a través de los terminales que operan”, explicó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Agregó que las conductas de TPS, STI y DPW son graves no sólo porque los importadores y exportadores están cautivos, sino también porque casi la totalidad de aquellos que movilizan su carga por la Región de Valparaíso se vieron afectados por estos abusos, ya que las tres compañías requeridas concentran la mayor parte de la industria, con niveles cercanos al 100% en el caso de la carga en contenedores.
“Para la FNE es fundamental que los abusos de posición dominante sean sancionados y este caso es de la máxima gravedad, porque los abusos han sido cometidos por concesionarios de una infraestructura de capital importancia para nuestra economía y porque los cobros injustificados no son tolerables en ningún mercado”, agregó el Fiscal.
