Por Redacción PortalPortuario

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A pesar de que varios servicios públicos -entre ellos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales o el Consejo de Monumentos Nacionales- se han mostrado conformes con la adenda complementaria del proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, los pueblos indígenas -que constituyen aproximadamente el 4,5% de los 94 mil habitantes de la ciudad- se perfilan como un eventual obstáculo para la iniciativa que busca mantener la competitividad portuaria de Chile.

De las 20 medidas de mitigación, 40 estudios ambientales y de ingeniería y 48 compromisos ambientales y sociales voluntarios con los que la Empresa Portuaria San Antonio intentó dar respuesta a 3.781 observaciones de organismos públicos y 2.793 contenidas en el segundo Icsara de 2023, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) entregó un oficio -uno de los más extensos de los ingresados en esta etapa- para observar que los también llamados pueblos originarios, en este caso, personas que se identifican como chango y mapuche-Lafkenche, se verían afectadas por el emplazamiento del nuevo complejo portuario.

La Conadi desestimó, en ese sentido, que las medidas compensatorias planteadas por la estatal sean adecuadas, incluso aquellas que buscan poner en valor el arte de pesca chinchorro que desarrollan los chango, pueblo que, a diferencia de los Lafkenche, que históricamente habitaron de la región del Bio Bio al sur, sí son del área costera de la zona central de Chile.

Incluso, la Conadi -en su escrito- descarta la valoración positiva que hicieron los distintos grupos que se identifican como pueblos indígenas de la creación del Parque Lagunas de Llolleo, espacio que fue convertido en humedal urbano y que la propia Empresa Portuaria San Antonio se comprometió a resguardar, lo que, por cierto, implicará costos adicionales para el Estado en una obra cuyo valor total, entre inversión pública y privada, ya supera los 4 mil millones de dólares.

Conadi indicó que “en síntesis, considerando el impacto que genera la pérdida de la playa de Llolleo, junto a lo descrito recientemente, este Servicio determina que las medidas propuestas no compensan el daño a nivel socio ecológico que afecta directamente a los Grupos Humanos Pertenecientes a los Pueblos Indígenas (GHPPI), descendientes del Pueblo Chango y Mapuche-Lafkenche”.

“Se debe considerar, además, que las instancias participativas expuestas no cuentan con el respaldo metodológico suficiente para corroborar, en primer lugar, que dichas aseveraciones que, según el Titular, se consideraron positivas respecto al Parque Lagunas de Llolleo, y, segundo, se necesitan medios de verificación en modo general, ya sean listas de asistencia, consentimientos informados, etc., teniendo en cuenta la magnitud de este Proyecto de inversión, donde se precisa desplegar herramientas atingentes de carácter etnográfico y participativo para dar congruencia a los objetivos por cumplir”, añadió Conadi.

Este último punto es relevante, puesto que la Empresa Portuaria San Antonio detalló que en la Jornada Participativa del 28 de noviembre de 2024, los asistentes no quisieron firmar listas ni aceptaron que se tomaran fotografías, lo cual constituiría los medios de verificación que exige el servicio.

Conadi expuso, por otro lado, que se necesita terminar la Consulta Indígena para poder evaluar dicho proceso.

PortalPortuario consultó sobre esta situación a la Empresa Portuaria San Antonio, pero desde la estatal evitaron, por ahora, referirse a estas observaciones, especialmente, porque la consulta indígena está en curso.

Este medio, por otro lado, tomó contacto con otras fuentes conocedoras de la tramitación y del diálogo que la estatal ha mantenido con los pueblos originarios presentes en la zona y que son representados por 15 agrupaciones. En ese contexto, se dijo que la EPSA ha tenido espacios de conversación con distintos grupos de interés; sin embargo, entre los pueblos indígenas existen discordancias entre las entidades que los aglutinan, pues algunos de ellos están a favor de la construcción del nuevo puerto y otros representativos en contra.

Transportes

Quien también entregó observaciones fue el Secretario Regional Ministerial de Transportes, Benigno Retamal, quién solicitó aportar antecedentes específicos sobre los flujos del transporte, tiempos de viaje, velocidades, así como la presentación de un plan de desvíos previo al inicio de obras.

Proyecto

Ratificado el 17 de enero de 2018 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, el Puerto Exterior de San Antonio, antes llamado Puerto de Gran Escala o Megapuerto, considera una inversión de USD 4 mil millones, de los cuales 1.500 corresponden al sector público para la construcción del molo de abrigo, accesos y obras complementarias. Los 2.500 restantes serán inversión privada para habilitar dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros de extensión capaces de atender naves de 400 metros de eslora.

Con esta infraestructura adicional, el Puerto de San Antonio aumentará de 3 millones de TEU anuales a 9 millones de contenedores de 20 pies de capacidad al año.