Por Redacción PortalPortuario.cl/ Agencia Andes
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El Gobierno ecuatoriano dará una respuesta legal a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre su pedido de eliminar la Tasa de Servicio y Control Aduanero, cuyo plazo se cumple mañana, así lo indicaron las autoridades del sector económico y comercial de la nación sudamericana.
“Los procesos de la CAN tienen definido cuáles son los términos en los cuales se va a contestar, en los cuales se puede responder cada una de las designaciones (…) Ecuador va a hacer uso de todos los recursos que tiene y los va a hacer dentro del tiempo que corresponda”, señaló la ministra de Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri.
En un evento realizado en la ciudad portuaria de Guayaquil, Viteri precisó que Ecuador utilizará todos los mecanismos disponibles para respaldar la tasa de control aduanero dentro de los plazos establecidos por la CAN.
De su lado, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, aseveró que de quedar en firme el dictamen del organismo regional, el país debe acatar la resolución.
“No le corresponde a Comercio Exterior tomar la decisión con respecto al pronunciamiento de la CAN, es un tema de aduanas. Pero, si hay un pronunciamiento de la CAN, y tenemos dos días para pronunciarnos, pienso que hay que actuar conforme a los compromisos internacionales”, dijo Campana.
Mediante la resolución 1999, firmada por el secretario general de la CAN Walker San Miguel, la entidad regional calificó como gravamen la tasa de servicio de control aduanero creada por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae).
Además, el organismo multilateral indicó que el cobro de la tasa “no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador; puesto que se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación”.
Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano dispone en el ámbito administrativo con el recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) y en el ámbito judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), donde podría interponer una acción de nulidad contra la citada resolución.
El pasado 24 de abril, la Cancillería de Ecuador retiró mediante un comunicado oficial que “evalúan los recursos procesales, tanto administrativos como judiciales, en el marco del ordenamiento jurídico andino, que permitirían obtener la revisión de la Resolución emitida por la SGCAN”.
Además, la CAN publicó su decisión a la tasa ecuatoriana a raíz de los reclamos expuestos por Colombia y Perú. No obstante, Bolivia no presentó quejas.
En enero de este año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano detalló que para proceder al cobro de una tasa se debe prestar un servicio. En oposición a este concepto, la tasa aduanera mantiene una unidad de control diferencial de acuerdo con el bien. En consecuencia “sería un gravamen”.
El sector empresarial ecuatoriano ha celebrado la resolución de la CAN, que calificaron de “ilegal”, que funciona como un sistema recaudatorio que se implementó como consecuencia de que el Estado ecuatoriano gasta más de lo que le ingresa, así lo afirmó Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).
El impuesto, que es parte del programa económico del primer mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, fue fijado en noviembre de 2017, para frenar el contrabando y la defraudación. Consiste en 10 centavos de dólar por cada unidad aportada, y se determina en función de peso de la unidad de medida que se use para cada producto.
En octubre de 2017, El director general del Senae, Mauro Andino, presentó la fórmula de cálculo de la TSCA, con el objetivo de aportar al mejoramiento de los controles establecidos en contra de diversos delitos, la búsqueda de un comercio justo que permita potenciar los recursos que contribuyen en la reactivación del sector productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de la dolarización.
