Por Emiliano Galli

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La situación se resolvió de una manera irregular, pero la única posible: fueron las 5 empresas con actividad en el Puerto Dock Sud –Exolgan, Raizen (la brasileña que compró la operatoria de Shell en el recunto), YPF, Loginter y Dapsa– las que llamaron a licitación pública nacional e internacional para la remoción de más de 810.000 m3 que se fueron acumulando y que nunca se lograron dragar por falta de fondos.

“Esperemos que esto sea la última desprolijidad (en materia de dragado) de la provincia de Buenos Aires, ahora depende de los directores y el Consorcio, que es sustentable”, resumió Alejandro Semmartin, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, durante la firma del acta acuerdo para el postergado dragado de emergencia.

Cada empresa aportó fondos proporcionales al volumen que operan en toneladas, “a cuenta del canon” por pagar, para dragar el canal Sur (exterior e interior), el área “4 bocas”, la dársena de propaneros (para YPF) y el canal Dock Sud en su primera y segunda sección (que hace 5 años no se draga).

El mecanismo

La autorización al “mecanismo”, por acta autorizada por el ministro de Producción Javier Tizado, en febrero último, sobrevino previa creación del Consorcio de Gestión, que se reunió para el acto administrativo de firma con la UTE Servimagnus (del grupo Loginter) y Shanghai Dredging Company (la empresa china que hasta ahora operaba con la subsidiaria SDC do Brasil, pero que hace dos meses abrió en la Argentina su propia sucursal).

La UTE, ante esta situación, debió llevar adelante 5 contratos, uno por cada empresa aportante, y ya posicionó la draga para que dentro de un mes comience con las tareas de remoción de sedimentos. El acta acuerdo contempló la creación de una Comisión de Inspección: serán las 5 empresas, cada una con su inspector, las que controlarán las obras de la draga china.

La gestión insumirá cuatro meses y medio para dragar 800.000 m3 efectivos (1,5 millón en total). “Estamos recuperando tiempo perdido. Luego entendemos que se trabajará en un pliego definitivo y a largo plazo, porque este puerto necesita al menos la remoción de 1 millón de metros cúbicos por año”, explicó Marcos De Vincenzi, gerente de Dragado en Servimagnus.

Semmartin, en nombre de la provincia, agradeció la gestión de las empresas, no sólo por su iniciativa “que permitió un proceso transparente” en la licitación, sino por la historia reciente, con “expedientes trabados, dragados sin pagar”.

Plan trienal

No sólo eso, sino que prometió que a partir de ahora se trabajará “en un plan a 3 años para darle previsibilidad a la operatoria en el puerto”, dato que tranquilizó a las empresas no acostumbradas a justamente a la planificación en materia de dragado.

“Este dragado marca lo que va a ser este puerto: una comunidad portuaria trabajando en conjunto para crecer”, destacó Semmartin.

Julián Pallanza, director por Exolgan, resaltó que “el proceso de discusión contractual” por el que se logró un “contrato de dragado modelo con un alto nivel de detalle para ambas partes”.

“Tenemos un gran desafío respecto de la normativa ambiental por abordar para pensar en un puerto a mediano y largo plazo. El dragado es un tema muy específico que entendemos los que trabajamos en el puerto, pero que las autoridades ambientales no siempre comprenden ciertas sensibilidades” implícitas en el proceso.

La cuestión ambiental

A propósito, Semmartin prometió una gestión oficial, con el Ministerio de la Producción, a través del director de Actividades Portuarias, Marcelo Gentilli, y la propia Gobernación provincial, ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), por una normativa que atañe a la calidad de los fondos removidos y su localización.

Según explicó el funcionario, la OPDS “pide un confinamiento particular para los fondos removidos. Pero el puerto no contamina, la contaminación viene desde el Riacuelo”, señaló.

La norma recae sobre el dragado portuario, “pero (los sedimentos contaminados) vienen desde arriba, y nos hacen culpable de una situación en la que somos los damnificados. La responsabilidad económica no debería ser de las empresas del puerto o del puerto en sí, sino de la Acumar o el OPDS que no hicieron ni los controles ni las obras”, amplió.

“Si hay que confinar, como nos piden, que nos den el plazo necesario porque, tal como está la norma, deberíamos crear una península para depositar los sedimentos, o dragar a costos que provocarían el cierre del puerto y dejar a 15.000 familias en la calle”, agregó Semmartin.

El especialista en temas ambientales de Exolgan, Pallanza, explicó que la norma “elimina la disposición en aguas abiertas con control exhaustivo sin fundamentos técnicos para hacerlo”.

En rigor, según la norma, hay determinados parámetros de sedimentos que no se podrían disponer en aguas abiertas (a 30 kilómetros adentro del Río de la Plata) ni siquiera con el control exhaustivo, lo que obligaría a confinarlos en superficies con las que el puerto, de acuerdo con su layout, no tiene.

“Las normativas internacionales, en estos niveles de contaminación –que llegan al puerto desde la cuenca del Riachuelo– prevén la disposición en el agua con control exhaustivo y monitoreo permanente”, concluyó Pallanza.

Desde el puerto aseguran que la contaminación en sedimentos provienen de químicos que no se generan “en ningún proceso productivo” de las empresas radicadas en el puerto.

Firmantes

Además de Semmartin, Pallanza y De Vincenzi, participaron de la firma el director provincial de Actividades Portuarias Marcelo Gentilli, el prefecto principal de Dock Sud Miguel Moyano, el gerente general del Consorcio, Miguel Cavalli, y Pablo Martínez, coordinador general del área comercial.

Luego estuvieron presentes los directores del Consorcio Leonardo Salón (por los gremios), Diego Bravo y Gabriel Parrella (YPF), Fernando Rolando y Alejandro Cerviño (Raizen), Rodolfo Jackuet por Dapsa, y Ricardo Cuevas (Loginter). En tanto, por Shanghai Dredging Company estuvieron An Yuan y Ni Pikun.