Por Emiliano Galli, Grupo TradeNews

@TradeNewsArg

El Puerto de Bahía Blanca es clave para el agro, para la industria petroquímica, para los parques eólicos y, últimamente, para la pesca también.

No obstante, su mayor relevancia reciente está en la energía. Por un lado, protagonizó la reversión de la matriz del gas natural licuado: pasó de centro de importación y regasificación a debutar en el proceso inverso de exportación. Por el otro lado, fue sindicado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como polo logístico natural para el desarrollo internacional de Vaca Muerta.

Pero como todo puerto con largos canales de acceso (el de Bahía tiene 97 kilómetros), su dragado de optimización es una bisagra permanente de competitividad.

El consorcio que mejores cuentas registra, no obstante, está a punto de ingresar en una etapa de litigio judicial, o bien por defender una diferencia de US$ 3 millones en una obra de 30 meses de dragado en el canal, o bien por dogmatismo.

Irregularidades

Sucede que la adjudicación de las obras de dragado en los sitios y el canal de acceso del Puerto Bahía Blanca fueron observadas, impugnadas y recurridas a la justicia por irregularidades de fondo.

Se tratan de las licitaciones 3 y 4 lanzadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, cuyas ofertas se presentaron el 11 de julio pasado.

La particularidad de este llamado a licitación, respecto de los anteriores, fue la exigencia de un único sobre con las ofertas técnico-legal y económica. Antes, se presentaban dos sobres por cada aspecto de la licitación.

Otra diferencia respecto de procesos anteriores: antes se exigía la presentación de un certificado expedido por la AFIP que habilitaba la contratación. Este documento fiscal fue reemplazado por una declaración jurada.
Ganador impugnado

La oferta que resultó más económica para el Consorcio fue la presentada por una UTE constituida por la holandesa Van Oord y la argentina Dragados y Obras Portuarias SA (Dyopsa). Su propuesta fue US$ 3 millones más conveniente que la segunda oferta: la de Compañía Sudamericana de Dragados, miembro de Jan de Nul.

La impugnación surgió cuando, en la presentación de las ofertas, Sudamericana constató que Dyopsa es deudor fiscal de la AFIP, de la provincia de Buenos Aires y de la Anses.

Habría incurrido de hecho en la incompatibilidad prescripta por el artículo 17 del pliego 4°, que en su inciso “c” establece la inadmisibilidad de quienes “sean deudores morosos impositivos o previsionales, por decisión judicial o administrativa firme”.

Allí, el monto de la deuda que Dypsa superaba los 26,3 millones de pesos.

Sospechas

Sin embargo, la impugnación no prosperó. Tal vez porque la oferta económica resultaba demasiado atractiva como para que el presidente del Consorcio, Miguel Donadio, abandone la línea rectora de la actual administración del Transporte a nivel nacional: bajar los costos logísticos.

El mantra impulsado por el ministro Guillermo Dietrich es el norte de Donadio, hombre que llegó al cargo por su cercanía al ministro.

Más allá de la causal de rechazo que surgió de la presentación, y la impugnación posterior, el consorcio buscó la manera de sostener la oferta. Recurrió a una consulta privada y contrató al estudio Bulit Goñi Lema Abogados para dirimir en la materia.

Según consta de su página web, el estudio es especialista en derecho tributario. En su cartera de clientes figuran algunas empresas radicadas en el Puerto, como Oleaginosa Moreno y Compañía Mega.

El informe

En su informe, el estudio señala: “No se ha indicado ni menos acreditado que exista, respecto de Dyopsa, una decisión administrativa o judicial firme que la declare deudora morosa en materia impositiva o previsional”.

El estudio acredita además los comprobantes de pago a las deudas que se conocieron el 11 de julio, en la presentación de la oferta. Algunos de esos pagos se realizaron con posterioridad a la apertura de los sobres.

El dictamen de Bulit Goñi Lema se presentó 9 de agosto. Destaca: “Es decir que, al momento de emitir este informe, y que haya de resolverse la cuestión por el Consorcio mediante la pertinente adjudicación y posterior contratación, ya la UTE no registra la deuda impositiva o previsional que fuera invocada por la impugnante, con lo cual estaría fuera de la causal de incompatibilidad alegada por Sudamericana”.

Una manera elegante de reconocer que existía deuda antes de la emisión del informe.

Parcial y sesgado

Sudamericana recurrió el informe del estudio contratado por el Consorcio por “parcial, sesgado y requerido a profesionales que claramente no son independientes”.

Advierte, en principio, que “omitió cualquier consideración sobre el reporte emitido por AFIP y ARBA sobre la existencia de deuda al momento de presentar la oferta”, informe que reemplaza el “certificado fiscal para contratar”, que el pliego dejó de exigir en este caso, “y que acredita que el oferente es un deudor del fisco”.

“El informe hace una referencia equivocada sobre la inexistencia de decisión firme, puesto que desatiende el extenso detalle de ejecuciones fiscales en trámite que se denunció para cuyo inicio claramente debió existir una deuda firme y consentida que es un requisito para la emisión del título ejecutivo”, replicaron.

“Es de público conocimiento la gran cantidad de juicios en trámite (que pesan sobre Dyopsa) en el fuero federal de la seguridad social”, agregaron.

La vía judicial

“Cualquier pago realizado por Dyopsa fue posterior a la presentación de la oferta, por una deuda firme y consentida anterior a esa presentación”, ampliaron desde Sudamericana.

Por último, en carta documento enviada al Consorcio, la damnificada recuerda que si la adjudicación continúa su curso y “se selecciona como contratista a un deudor moroso, con una delicada situación financiera, se pone en riesgo la ejecución de la obra”, en un marco de “desinterés y desidia” que puede derivar en una “grave responsabilidad patrimonial y penal de los directores intervinientes y partícipes de esa decisión”.

El desenlace continuará en sede judicial, tras decisión de Sudamericana de pedir una medida cautelar.