Por Redacción PortalPortuario.cl
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Armasur, a través de su gerente general, Manuel Bagnara, valoró que el Gobierno modificara la urgencia en el proyecto de Ley que busca flexibilizar la norma de cabotaje; en este caso, para permitir el embarque y desembarque de pasajeros en cruceros de más de 400 personas entre puertos chilenos.
A juicio de Bagnara, la acción del Gobierno –que el 11 de junio pasado le había dado suma urgencia a la iniciativa junto a otras 21 medidas- es “lo más sensato”.
El ejecutivo expresó a PortalPortuario.cl hubiera dejado muchos “cabos sueltos”, ya que el proyecto de ley “como está redactado hoy en día, abre el cabotaje a varios modos de transporte marítimo, a los transbordadores, abre lagos y ríos, está el tema de los casinos, la disigualdad de condiciones y hay un tema tributario que nadie ha visto. Es tan ambiguo, deja todo tan abierto, que cualquier abogado podría traer navieras extranjeras a operar en Chile”.
Por lo mismo, Bagnara manifestó su apoyo a esta decisión del gobierno que le rebajó la urgencia al proyecto a “simple”dado que, además, la propuesta de legislación en su estado actual “no representa el espíritu de la ley que es que un pasajero pueda subir y bajar de un crucero en cualquier puerto de Chile”.
En ese sentido, Bagnara percibió el retiro de la suma urgencia legislativa al proyecto como una oportunidad, puesto que “nos desafía a mostrar o sugerir a los senadores cuales deben ser los cambios para que esto llegue al espíritu real de la ley. Tenemos de aquí al 10 de julio para conversar con ellos, lo importante es que esto se siga discutiendo y se siga analizando”.
“Creo que este proyecto bien redactado se apega al espíritu del proyecto, pero como está redactado hoy en día tiene serias implicancias de seguridad”, finalizó.
Bagnara insistió en que Armasur no se opone a la competencia, siempre que sea en igualdad de condiciones, dado que -a su jucio- las naves de bandera extranjera que podrían operar rutas locales de cambiarse la legislación vigente no cumplirían con exigencias laborales y tributarias, entre otras, a las que sí están sometidos los armadores nacionales.
