Por Redacción PortalPortuario.cl
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Aunque la Tarifa Cero –implementada por el concesionario Terminal Puerto Arica en 2019– para despachos directos resulta ser un beneficio para los importadores bolivianos, contribuyendo -además- a mantener niveles de congestión más bajos en el Puerto de Arica, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) decidió impedir dicha medida y la llevó al Tribunal Constitucional Plurinacional. De acuerdo a la estatal altiplánica, la gratuidad ofrecida en Chile “contradice” la Constitución del país al traducirse en un “subsidio” a la “atención integral” que se le da a la carga en tránsito.
La situación fue rechazada por la Cámara Nacional de Comercio que, por medio de un comunicado, consideró que lo obrado por la ASP-B “resta competitividad” a Bolivia.
En respuesta, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia aseguró que la “Tarifa Cero fue implementada por el directorio de la ASP-B durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez y, como ya se dijo, está reñida con la CPE, por tanto, esta decisión se encuentra en proceso de resolución sobre la situación legal y constitucional”.
“Se realiza esta aclaración ante las declaraciones realizadas por uno de los ejecutivos de la CNC en el sentido de que las decisiones de la ASP-B restan competitividad al comercio exterior, no obstante, que es de conocimiento público el hecho de que la ‘Tarifa Cero’ se constituye en una decisión inconstitucional”, agregó la estatal boliviana.
La ASP-B, que históricamente ha puesto reparos a los ajustes tarifarios por los servicios que se prestan en el Puerto de Arica, manteniendo -incluso- cortado el diálogo con la estatal EPA desde el 6 de julio, aseguró que, como empresa pública, no puede permitir esta gratuidad, porque “todo servicio implica un costo” y no cobrarlo significaría subsidiar una actividad de privados.
“Si bien es cierto que una tarifa costo de costo cero puede constituirse en un aliciente para el desarrollo de una actividad, todo servicio implica un costo y la ASP-B, como empresa pública, no puede subsidiar un servicio de atención integral a la carga en tránsito desde su recepción hasta su despacho”, afirmó la estatal boliviana.
En otro punto de su comunicado, la ASP-B se refirió a las negociaciones que su contraparte chilena alega que quedaron inconclusas, indicando que está dispuesta a alcanzar un acuerdo.
“La ASP-B expresa su predisposición para llegar a un acuerdo en beneficio del comercio exterior boliviano con la Empresa Portuaria Arica, por lo que se seguirá el proceso de negociación dentro el ambiente fraterno y cordial, como se hizo hasta el momento para lograr un trato justo a la carga boliviana en tránsito”, señaló la estatal que opera como agente aduanero para las importaciones bolivianas.
“La ASP-B, en su condición de agente oficial aduanero en puerto, explica que tiene como valor agregado proteger la carga boliviana en tránsito hasta su ingreso al país, por lo que evadir este elemento sólo muestra desconocimiento de las gestiones que desarrolla esta entidad estatal”, justificó la estatal boliviana.
