Por Redacción PortalPortuario

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Al término de la VIII Reunión de la Comisión Nacional Hidrovía Paraguay – Paraná (CNH), las nuevas autoridades gubernamentales paraguayas anunciaron que se agotarán todas las instancias legales para reclamar- según consideran- un justo derecho ante una grave violación de tratados internacionales por parte de la República Argentina.

“No alcanzamos la respuesta positiva por parte de la Argentina. Vamos a arbitrar todos los medios legales necesarios para poder resolver de la manera más inmediata posible esta situación, sostuvo en conferencia de prensa el nuevo canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

En la misma línea, la titular de Obras Públicas, Claudia Centurión, dijo que la hidrovía es un bien estratégico y que será defendido para resguardar los intereses del país.

“La hidrovía creo que no hay absolutamente ni una duda sobre la relevancia que tiene, y lo ha dicho nuestro presidente Santiago Peña en sus presentaciones, en sus constantes apariciones, que es nuestro principal bien estratégico y lo vamos a defender, vamos a intervenir de manera a que efectivamente los intereses de nuestro país estén resguardados ante estas situaciones”, expresó Centurión.

La secretaria de Estado también habló de apoyar todas las acciones de la Cancillería, sobre todo dotando de las capacidades y evaluaciones técnicas referentes a las intervenciones que plantee el gobierno argentino.

Finalmente, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), Raúl Valdez, advirtió que, en estos 9 meses, el sector privado ya abonó en ese concepto unos USD 11 millones y que, la cifra podría ascender a USD 50 millones para fin de año, en caso de continuar con las medidas.

Añadió que exigirán a las autoridades argentinas la devolución del dinero invertido, “no todos los armadores están pagando, pero los que sí están pagando están preparando una hoja de protesta con una reserva de un posterior reclamo y recupero de ese dinero”.

Estuvieron presentes en esta reunión autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Administración Nacional de Navegaciones y Puertos (ANNP) y del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM).