Un conflicto laboral, que llevó a la paralización del Puerto de Montevideo a fines de septiembre, se mantiene, luego de que la empresa Katoen Natie, que opera Terminal Cuenca del Plata (TCP) decidiera “no ratificar la propuesta de convenio colectivo de 12 de octubre de 2021”.

La decisión fue comunicada, de acuerdo al diario local El País, al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y al Ministerio de Trabajo de Uruguay.

En una carta presentada al Ministerio, la empresa afirmó que “el motivo fue que el Supra pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP”.

“Teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos relatados y que a la fecha el Supra no manifestó su interés en firmar el convenio colectivo, la Gerencia General de TCP no tuvo otra opción que, la de no ratificar la propuesta de convenio colectivo de 12 de octubre de 2021. Esto fue comunicado personalmente a los delegados del SUPRA en una reunión bipartita realizada a las 12 horas del día de la fecha en las oficinas de la empresa”, agregó la compañía belga, según reportó El País.

Por su parte, Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, aseguró al medio que la empresa no quiso firmar lo que se había preacordado respecto a los jornales asegurados y que es inexacto lo que se afirma sobre la intención del sindicato de realizar cambios al documento.

“Nos citaron a una reunión para este mediodía y nos comunicaron que no van a firmar. Nosotros queríamos salvar el 99% restante del acuerdo, pero la empresa jugó esa carta”, dijo Reinaldo e informó que este martes el sindicato se reunirá en asamblea y resolverá los pasos a seguir.

Fuentes del gobierno uruguayo informaron al diario El País que se están haciendo intensas gestiones para intentar destrabar este conflicto y que se retome lo que se había negociado.

El punto de discordia, que trancó primero las negociaciones y luego la firma del preacuerdo, fueron los jornales asegurados. Sin embargo, el convenio abarca muchos otros temas del vínculo entre empresa y trabajadores y, como había destacado el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, regiría por cuatro años.