Una visión negativa respecto de los alcances y contenidos de la reforma laboral (boletín 9835) presentaron ayer ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta F.G (Fedefruta) y diversos representantes de los trabajadores portuarios de Chile.

En representación de la SNA expuso el secretario general del organismo, Juan Pablo Matte, quien explicó algunas de las particularidades del sector y resaltó el buen nivel de las relaciones laborales entre los empresarios y los trabajadores, dentro de un marco de flexibilidad inherente al sistema agrícola (demanda de mano de obra variable durante el año, sin compromisos de largo plazo), altamente marcado por la estacionalidad y las condiciones climáticas.

Recalcó que el 97% de las empresas del ámbito agrícola son pymes y sostuvo que los costos base subieron en los últimos años, justamente por un alza en el valor de los salarios, debido a una reducción en la masa laboral.

Alertó de la dificultad de aplicar distintos estatutos entre los trabajadores fijos y los temporeros, si se concreta el anuncio del Gobierno de abordar la situación de estos últimos en particular, e indicó que la Mesa Nacional Agrícola (en la cual participaron los más diversos gremios del sector, incluyendo representantes de los trabajadores) observó que el proyecto está concebido para las industrias urbanas y no para el ámbito de la agricultura.

Dijo que la extensión de la negociación colectiva para los trabajadores temporeros no será operativa en el sector y resaltó que no se condice con lo anunciado por el Gobierno ni con el propio mensaje presidencial. En este plano, planteó la imposibilidad de llevar adelante una negociación colectiva con trabajadores con los cuales no se mantiene una relación laboral (los temporeros se contratan para faenas específicas por un tiempo limitado) y resaltó que “el parecer de la Mesa Nacional Agrícola (MNA) es solicitar que se excluya expresamente al sector agrícola de temporada de las normas de negociación colectiva para ser abordado en un proyecto posterior”.

En cuanto a los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, señaló que la idea parece tomada de la MNA, pero criticó su real efectividad por las limitantes que involucra, entre ellas: que sólo se pueda llevar a cabo cuando se negocie con un sindicato y la exigencia de un 65% de representatividad. En este ámbito solicitó que la materia pueda ser acordada también con grupos negociadores, sino no hay sindicatos, y si los hay, que los porcentajes de representación sean alcanzables para que la norma no sea “letra muerta”.

Entre otras múltiples materias, se criticó la posibilidad de pasar a negociar con sindicatos interempresa; la apertura a huelgas sin reemplazo (la pérdida de una cosecha implicaría el costo de un año de trabajo y el descuido de los animales conduciría a riesgos fitosanitarios); obligar a los trabajadores a entrar a un sindicato para recibir beneficios de las negociaciones; definir un piso de negociación sin considerar los ciclos económicos o los efectos climatológicos; y un aumento de las multas, sin contemplar el tamaño de la empresa-productor.

Finalmente, Eduardo Riesco, fiscal de la SNA, alertó que el proyecto pone en quiebre diversas garantías constitucionales, entre otras: la libertad de filiación, de negociación y de asociación; la libertad económica, en cuanto a la gestión de la empresa; y el resguardo de la confidencialidad de ciertos actos (datos comerciales de la empresa y datos de los trabajadores).

Fedefruta

Juan Carolus Brown, presidente del directorio de Fedefruta, tras dar un conjunto de referencias del sector y de las materias que los afectan (estacionalidad, clima, entre otros), coincidió con la SNA en que no es posible asimilar el contexto laboral agrícola con el de las otras industrias y también llamó a una marginalización.

“Al estar concebido para la generalidad de los trabajadores no tiene en cuenta esta realidad que nos afecta a los fruticultores. Por ello es que se requiere de una legislación laboral especial, tanto en derecho individual como colectivo, que se haga cargo del agros y de las especiales condiciones en que se desarrolla. Por lo pronto, se estima que la fruticultura debería estar excluida expresamente de este proyecto”, enfatizó.

Dentro de los aspectos que dijo les preocupa especialmente al sector, mencionó la huelga, particularmente cuando se desarrolle en momentos críticos como la cosecha. Además, recalcó que para este ámbito el 100% de los servicios son mínimos, “sino ellos se pierde la cosecha”. En este punto planteó que se podrían definir períodos no aptos para negociar colectivamente.

Asimismo, se manifestó preocupado por la posibilidad de negociar con sindicatos interempresa; las limitantes para los pactos especiales; la forma en que se habilitará la extensión de los beneficios de convenios colectivos a través de los sindicatos; y la entrega de información financiera que puede se compartida con competidores de la empresa.

Portuarios

La Unión Portuaria de Chile expresó su malestar por los reales alcances del proyecto y recalcó que no era lo esperaban. Reconocieron que la reforma contempla “pequeños avances”, pero sostuvieron que los “serios retrocesos” y las “grandes concesiones” para el empresariado hacen la propuesta legal extremadamente cara para los trabajadores.

Criticaron que la negociación colectiva sigue radicada en la empresa individual y lamentaron que no se avanzara hacia la negociación por rama o sector productivo. “Ello impide a muchos trabajadores estar cubiertos por instrumentos colectivos”, plantearon.

Sostuvieron que el proyecto presenta un celo de tutela administrativa laboral a través de las nuevas funciones de la Dirección del Trabajo, con inconducentes arbitrajes obligatorios. Además, estimaron que se registra una criminalización de la actividad sindical, manifestada por nuevas exigencias, conceptos o sanciones para los dirigentes sindicales.

Se criticó la imposición que las huelgas sean “pacíficas”; mantener quórums de negociación en todos los procesos; restricciones en materia de huelga; la inclusión de servicios mínimos; y mantienen prohibiciones expresas que vulnera acuerdos internacionales.

Los representantes portuarios llamaron finalmente a los parlamentarios a impulsar importantes cambios al proyecto (presentaron un paquete de propuestas de modificaciones) y evitar, de este modo, la concreción de futuras movilizaciones del sector.