Por Redacción PortalPortuario.cl
Este domingo 19 de febrero iniciará sus operaciones el Terminal de Contenedores Quetzal, recinto portuario que se vio envuelto durante los últimos años, en una trama de hechos ilegales y de corrupción que sacudieron Guatemala y que acabaron con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en la cárcel.
La primera nave programada es la Safmarine Nokwanda, propiedad de la naviera Maersk, que también es dueña del TCQ, a través de su filial portuaria APM Terminals, que la adquirió al Grup Maritim TCB que, previamente y mediante acciones reñidas con la legalidad, la compró a la Empresa Portuaria Quetzal.
La terminal será estrenada por el buque Safmarine Nokwanda, propiedad de Maersk, que tiene programada su llegada a las 17:00 horas de este domingo 19 de febrero, según aparece en la programación de la Empresa Portuaria Quetzal.
Según lo confirmó el interventor, Alexander Aizenstatd, la estructura de TCQ -que posteriormente fue vendido a APM Terminals- cuenta ya con los permisos listos y las instalaciones aptas para empezar a operar. “Todo está listo y no falta nada más que la llegada del primer barco”, confirmó.
Sin embargo, sindicalistas de la portuaria compartieron fotos en donde se aprecia el ingreso de contenedores a la Terminal; asegurando que el puerto se encuentra operativo.
Corrupción
Según reseña La Hora, TCQ logró, a través de sobornos a funcionarios, un contrato de usufructo oneroso con EPQ, según revelaron investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales se hicieron públicas el pasado 15 de abril.
Por este caso, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de Grup-Maritim TCB, quien es señalado de haber participado en las negociaciones ilícitas, tiene una orden de captura internacional por asociación ilícita, cohecho activo y fraude. El español es uno de los cinco prófugos en el caso de corrupción.
El contrato entre TCQ y EPQ se firmó el 11 de julio de 2012 y fue durante la Semana Santa de 2013 que el entonces presidente Otto Pérez Molina confirmó el usufructo por un plazo de 25 años, prorrogables por otros 25 años más.
El contrato, firmado en secretismo, fue cuestionado por expertos en su momento quienes criticaron que se utilizara la firma de un usufructo para disfrazar una concesión a favor de TCB.
Seguidamente a la confirmación del acuerdo, Encuentro por Guatemala y Lider denunciaron ante la CICIG las visibles irregularidades en la firma del contrato, el cual no respetaba la Ley de Contrataciones del Estado, según la cual se debió seguir un proceso de licitación.
Asimismo, se cuestionó la facultad del interventor de EPQ para constituir usufructos onerosos en tal empresa.
El 15 de abril del 2016, la CICIG y el MP confirmaron las sospechas y revelaron que Pérez Maura y funcionarios del Gobierno conformaron “un grupo criminal” para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.
A los US$S255 millones estimados de inversión, TCB añadió US$30 millones no oficiales, para sobornos a funcionarios y cualquier persona que obstaculizara el negocio, según las autoridades.
