Por Emiliano Galli, TradeNews

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La privatización de las autoridades de los principales complejos portuarios de Brasil, una de las políticas destacadas en el área que llevó adelante el gobierno de Jair Bolsonaro, junto con la desregulación del servicio de cabotaje marítimo a partir del programa BR do Mar, quedó descartada como política de Estado tras la asunción de Lula da Silva en la presidencia.

El recién asumido Mandatario, que había creado una Secretaría Especial de Puertos durante su anterior gestión y que dependía directamente de Presidencia, reorganizó la estructura administrativa y creó el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, que quedó a cargo del paulista Márcio França. Para ello, desarmó el antiguo Ministerio de Infraestructura en Puertos y Aeropuertos, por un lado, y en Transporte, por el otro.

De esta manera, el principal puerto latinoamericano, Santos, clave en la conectividad marítima de la Argentina, dejará trunco el proceso de privatización de su administración.

França señaló en su asunción que “tenemos un desafío muy grande de cuidar los 35 puertos públicos de gran importancia estratégica y las 220 terminales privadas, las 43 estaciones de transbordo y las otras 342 terminales registradas en Antaq”.

“Sólo el puerto de Santos, en San Pablo, es responsable del 30 por ciento del comercio exterior”, indicó, tras adelantar que el primer puerto brasileño pasará a llamarse Puerto de Santos Pelé, en honor al astro brasileño que falleció semanas atrás.

El Puerto de Santos es víctima de colapsos logísticos recurrentes, directamente proporcionales a los crecientes volúmenes que operan sus terminales, que van desde los graneles hasta los contenedores.

La privatización del control portuario fue la apuesta del gobierno saliente para acelerar la modernización, sobre todo, de la infraestructura terrestre de conexión a los muelles.

Pero França anticipó que suspenderá el proceso (no así de la privatización de áreas específicas), en línea con las convicciones políticas y los ideales de un Estado grande que promueve el gobierno federal. El gobernador electo de San Pablo, Tarcisio de Freitas, respondió que defenderá la privatización.

La “desestatización” de la Autoridad Portuaria de Santos contaba con la aprobación del Tribunal Federal de Cuentas, y preveía inversiones por más de USD 5.700 millones, en una concesión por 35 años.