Por Joaquín Torres Tagle
@PortalPortuario
En la audiencia realizada por el Segundo Tribunal Ambiental sobre la revisión de las medidas cautelares de los Ojos de Mar, el abogado representante de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), Pablo Suckel Ayala, señaló que en caso de que se apruebe lo solicitado por los recurrentes, el puerto “quedaría sin poder operar” y que “si se afecta la playa, no podemos hacer el Puerto Exterior, porque se supone que va a ir desde la playa hacia el mar”.
En la instancia, la Municipalidad de San Antonio y la comunidad solicitaron ampliar la zona de protección a los Ojos de Mar determinada por el Tribunal Ambiental el pasado 26 de enero.
Presentación
El abogado Suckel partió diciendo que “el objetivo de la presentación que efectuaré a continuación intentará establecer ante este tribunal la impertinencia e improcedencia de la solicitud de ampliación de cautelar, que solicita ampliar la medida que fue decretada por este tribunal, para ello me referiré a cuatro aspectos que consideramos fundamentales”.
El profesional argumentó que “en primer lugar, esta medida excede claramente la cartografía que fuera establecida por la autoridad pertinente, y va más allá de lo que en definitiva se puede esperar de esta causa. En segundo lugar, entendemos que la documentación que se acompañó para justificar esta medida es claramente insuficiente, y por el contrario existen antecedentes que demuestran lo contrario, en tercer lugar, hay informes que están pendientes y que permitirían tener mayores luces sobre esta materia, que es necesario a nuestro juicio esperar”.
Suckel Ayala añadió que “por último, y que es lo más importante a nuestro juicio, por lo menos desde el punto de vista operativo de la Empresa Portuaria San Antonio, es que si se accediera a esta medida, quedaría sin poder operar el Puerto de San Antonio”.
Puerto Exterior
“Existen dos informes, ilustre tribunal, que van a ser acompañados en esta causa, que van a ser fundamentales para que se pueda establecer algún tipo de precautoria o de medidas sobre el particular, el primero es el que el mismo tribunal ha decretado, que está pendiente de ejecución, y el segundo, que a nuestro juicio va a ser fundamental, es el siguiente: La Empresa Portuaria San Antonio, en el sector ubicado en la playa hacia el mar está desarrollando el proyecto denominado Puerto Exterior, que va a ser el proyecto portuario más relevante que se ha hecho en la historia de nuestro país (…) para poder hacer aquello se ingresó hace bastante tiempo un estudio de impacto ambiental ante la autoridad pertinente, el cual originalmente contemplaba secar estas lagunas, pero el directorio de mi representada, determinó proteger las lagunas y modificar esta presentación, ¿Cuándo?, cuando se ingrese la primera adenda anexada al proyecto, lo que va a ocurrir a fines de mayo”, expuso el representante de EPSA.
“En esa oportunidad, la EPSA va a establecer claramente que va a proteger las lagunas y va a establecer medidas de protección, incluyendo algunas materias relacionadas con corredores ecológicos”, acotó el especialista en derecho.
El litigante detalló que “por último, hago presente que si se declarara esta medida que es paralizar obras o faenas en toda el área que se indica, se impediría el tráfico de camiones y estacionamiento de los más de 3.500 camiones que pasan por ese lugar al día (…) Si se declarara esa medida, entendemos que no podríamos operar en ese lugar y habría que paralizar las faenas”.
El letrado añadió que “esto es lo que la municipalidad pidió, y afortunadamente el Ministerio de Medioambiente no lo consideró e hizo una cartografía distinta. ¿Cuál es el conflicto con esto? si se afecta la playa, no podemos hacer el Puerto Exterior, porque se supone que va a ir desde la playa hacia el mar”.
El representante de EPSA finalizó diciendo que “la sociedad civil hizo una presentación administrativa que involucraba estas dos áreas, lo que faltaba de la playa y todo el borde hacia el río, colindando con el humedal del río Maipo. En ese sentido, nos parece fundamental hacer presente al tribunal que la solicitud de la reclamante implicaría a nuestro juicio paralizar las faenas y es nuestra obligación hacerlo presente al tribunal. Con todas estas consideraciones, culmino el alegato solicitándose rechazar la solicitud de la reclamante y se mantengan las medidas cautelares que han sido decretadas previamente”.
Cabe señalar que este es un proceso judicial en curso y que todavía no existe un fallo por parte de los magistrados sobre la ampliación o no de la medida cautelar original.
El tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López. Los alegatos estuvieron a cargo de la abogada Macarena Martinic Cristensen, en representación de los reclamantes; y los abogados Osvaldo Solís Mansilla, del Consejo de Defensa del Estado por el Ministerio del Medio Ambiente; y Pablo Suckel Ayala, por la Empresa Portuaria San Antonio, tercero independiente del ministerio.
