Por Redacción Grupo T21

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El Gobierno federal expropió ocho predios en los municipios de Solidaridad y Tulum en Quintana Roo para obras del Tren Maya, debido a que, afirmó, dicho proyecto será un corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos, entre otros, a las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano.

Además, justificó dicha acción a que este tren tendrá un flujo constante, y solo por su conducto se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz; igualmente, por su ubicación geográfica es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica.

“Derivado de la importancia que representa el proyecto Tren Maya, y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario público, es procedente decretar la ocupación temporal inmediata de dichos polígonos, en términos de los artículos 2 Bis, 4o. y 7o. de la Ley de Expropiación. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe proceder al pago de la indemnización a quien corresponda, en términos de la normativa aplicable”, precisó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En total, la ocupación será en 165 mil 250.25 m2 de propiedad privada, ubicados en los municipios de Solidaridad y Tulum, esto con el objeto de aumentar la viabilidad técnica durante la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados del proyecto mencionado.

Por lo que, “es necesario contar con inmuebles que permitan la interconexión requerida en las obras. Para ese fin, Fonatur identificó 25 inmuebles, de los cuales se requiere ejecución inmediata de obras en 8 polígonos identificados de propiedad privada”.

En julio pasado, el Gobierno federal también expropió más de 52 mil metros cuadrados de un inmueble ubicado en los municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México, para la ampliación del Tren Suburbano de la estación Lechería a la de Santa Lucía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cabe precisar que en noviembre del año pasado, la administración actual decretó los proyectos y obras del Gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, además de prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

“Se instruye a las dependencias y entidades a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, expuso.