Por Luis Alberto Zanela, T21
Derivado de un Acuerdo Secretarial publicado en octubre pasado, las navieras mexicanas, sobre todo las relacionadas con las actividades costa afuera (offshore) de la industria petrolera, deberán reforzar sus planes de contingencia en materia de derrames de hidrocarburos para conservar sus contratos y evitar multas que perjudiquen sus finanzas, consideró Héctor Herrera Ordóñez, socio de Haynes and Boone oficina México.
En entrevista con T21, el especialista destacó que las navieras, además de actualizar sus planes de contingencia, están obligadas a contratar seguros por los daños ambientales que pudieran causar, los cuales, aunque no cubren el 100% de la reparación de daños, de alguna manera mitigan financieramente el hecho de hacerlo en caso de incidentes.
Para el sector naviero es una oportunidad de revisar protocolos de seguridad, ponerse al día, y tener una actividad más proactiva de prevención, porque seguramente el actuar de las autoridades va a ser más agresivo, las sanciones son mucho más altas. Y tampoco es que se invente el hilo negro, gran parte de estas obligaciones están en tratados internacionales pero ahora se está mandando un mensaje a todo el sector hidrocarburos como navieras, plataformas, o instalaciones marinas, en el sentido de que tienen una gran responsabilidad de llevar a cabo acciones preventivas y atender correctamente situaciones catastróficas o de urgencia”, mencionó.
En ese sentido, Héctor Herrera destacó que la multa máxima que podría imponerse por incumplimiento a la normatividad ambiental por parte del sector hidrocarburos podría ser de hasta 7.5 millones de veces el salario mínimo, que actualmente sería de alrededor de 520 millones de pesos. “Es una de las multas más altas en el sistema jurídico mexicano porque el Congreso así lo decidió pensando en que las afectaciones de las empresas pueden ser de tal magnitud que las sanciones consecuentemente tendrían que ser de magnitud importante”, dijo.
Estas disposiciones derivan de la reforma energética implementada en México y se publicaron el pasado 24 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo el “Acuerdo Secretarial número 249, por el cual se expide la versión abreviada del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicana”, mismo que, en palabras del especialista, tiene su origen en tratados internacionales suscritos y ratificados por México en materia de derrames de hidrocarburos.
Aunque dicho plan de contingencia no es nuevo puesto que hubo una primera publicación en 1999, Héctor Herrera considera que las nuevas reglas están actualizadas debido a la apertura del sector energético en el país, sentando las bases de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como las empresas nacionales y extranjeras que participan en esta actividad; todo, bajo la supervisión de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), luego de que las anteriores fueran comandadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Su objetivo es establecer las bases, las líneas de acción y de coordinación general en caso de un derrame por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, pero enfatizo, el propósito principal es la coordinación de autoridades y del sector privado que tenga que ver con los incidentes, tanto los responsables del derrame, como aquellos que pueden coadyuvar en labores de limpieza, asesoría o consultoría”, detalló el socio de la firma de abogados.
En ese sentido, argumentó que, aunque este nuevo Plan Nacional de Contingencia no tiene carácter sancionatorio como el contenido en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, sí es importante dada la coordinación de los esfuerzos para la contención y atención de los derrames.
No es una ley que establece responsabilidades y sanciones, este plan se limita a establecer las bases de cooperación para prevenir y atender incidentes, para proteger la vida y salud de las personas, dar prioridades a las afectaciones y establecer calendarios de atención. De alguna manera facilita a los inversionistas y da certeza jurídica en el sentido de saber qué papel va a desempeñar la Semar en caso de un derrame, así como otras autoridades y la misma empresa involucrada, que tiene sus propios planes de contingencia”, agregó.
De esta forma, Héctor Herrera aseguró que “la forma de hacer negocios en México implica una filosofía más responsable y preventiva, independientemente de los costos que puede tener, no sólo por las sanciones, sino por las implicaciones como perdidas de los contratos si no se actúa de forma responsable”.
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