Sacyr inició un arbitraje internacional contra Panamá ante Naciones Unidas con el fin de resolver sus reclamaciones respecto de la inversión que el consorcio que lidera realizó para construir la ampliación del Canal.

La española, que encabezó el Grupo Unidos por el Canal, reclama sobrecostes de 4.061 millones de dólares. El arbitraje se suma a los procesos que el consorcio liderado por Sacyr tiene abiertos desde hace años ante distintas instancias en defensa de estas reclamaciones.

El nuevo procedimiento, según consignan medios españoles,  se abre no obstante ante el Estado de Panamá y no contra la Autoridad del Canal, como hasta ahora, y se inicia algo más de dos años después de que concluyera la construcción y se inaugurara el nuevo juego de esclusas, considerada como una de las mayores obras de ingeniería civil de la historia.

En fuentes de Sacyr confirmaron el inicio del nuevo arbitraje, adelantado por la prensa de Panamá, si bien declinaron dar más detalles sobre el mismo.

La constructora española controla el 41,6% del consorcio que construyó el nuevo Canal del Panamá, que completan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa.

El procedimiento contra Panamá se desarrollará bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Uncitral), el principal órgano jurídico de derecho mercantil internacional de la ONU.

Según la prensa local, Sacyr ya comunicó el pasado mes a las autoridades panameñas el inicio del proceso. El arbitraje no incluye por el momento una reclamación económica y tiene como objetivo “defender su inversión” en la ampliación del Canal.

Sacyr toma esta medida tras intentar llegar a un acuerdo amistoso con Panamá durante años de forma infructuosa y al considerar que este país actúa en contra del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.

Este acuerdo insta a Panamá a dispensar un trato justo y equitativo, a no someter a la inversión de Sacyr a medidas arbitrarias o discriminatorias, y a no expropiar la inversión de Sacyr sin el debido procedimiento legal e indemnización. La constructora española argumenta asimismo que la compañía y sus socios en el consorcio tuvieron que destinar importantes recursos para la construcción del nuevo Canal, que en sus más de dos años en servicio está “cumpliendo su cometido de forma exitosa para el Estado de Panamá”.

No obstante, el consorcio y la Autoridad del Canal mantienen abierto desde antes incluso de inaugurarse la obra distintos procedimientos para resolver sobre las reclamaciones que las constructoras han ido planteando por sobrecostes y dificultades técnicas sobrevenidas. En la actualidad, estas reclamaciones ascienden a 4.061 millones de dólares (unos 3.509 millones de euros).

Las empresas estiman en 1.983 millones de dólares (1.713 millones de euros) el importe “razonable” que esperan recuperar de esas reclamaciones, según los últimas cálculos del experto independiente DFL Associate.

De ellos, corresponderían a Sacyr unos 712 millones de euros. La cantidad que se reclama se acerca a los 5.581 millones de dólares (unos 4.823 millones de euros) que acabó costando la obra y supera a la de 3.193 millones de dólares (unos 2.760 millones) por la que se adjudicó.

La resolución de las reclamaciones constituye un proceso lento y complicado, dado que contempla tres instancias, la Autoridad del Canal, una Junta de Resolución de Disputas tripartita (integrada por expertos del consorcio, la Autoridad y un independiente) y, en último término, el Tribunal de Arbitraje de Miami. Panamá contrata a un bufete de EEUUEl Gobierno de Panamá ha contratado a un reconocido bufete de abogados estadounidense para atender la demanda.

“El Estado ha contratado a un reconocido equipo legal para defender los intereses de la República de Panamá y desde los Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas se está dando seguimiento a dicho proceso”, ha indicado a Efe una fuente de la Cancillería panameña.Esa misma fuente ha confirmado que se trata del despacho Foley Hoag, con sede en Boston (Estados Unidos) y especializado en litigios y arbitrajes internacionales.