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Lanchero demanda a EPV ante el Tribunal de la Libre Competencia

La empresa de turismo Rumbo Sur Limitada, cuyo giro es el transporte de pasajeros por vías de navegación interior, demandó a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) por supuestas prácticas discriminatorias que atentarían contra la Libre Competencia en la poza del Muelle Prat.

El demandante, Michael Ernst Pugh Olavarría, asegura que la portuaria estatal cambió uno de los cupos que tenía asignado para una de sus naves, ocasionándole a la empresa pérdidas económicas y conflictos con otros usuarios del sector debido a una supuesta falta de normas y contratos que rijan la gestión del tradicional punto, ubicado entre los Terminales 1 y 2.

“Esta falta de políticas y regulaciones, nace primigeniamente al no existir ningún tipo de contrato formal que establezca las condiciones en que nuestras empresas prestadoras de servicios en el Muelle Prat se vinculan con EPV, que eviten actos discriminatorios o atentatorios a la libertad económica y libre competencia, y que tal cual lo he denunciado a la misma demandada queda en evidencia en actos y actuaciones, que a mi juicio son abiertamente ilegales y discriminatorios”, reza la demanda.

A su vez, el demandante señala que no pertenece a ninguna agrupación, gremio o sindicato como Aglafletur con la que EPV habría mantenido conversaciones y negociaciones, dejando fuera a los actores no afiliados como  Rumbo Sur que alega “tratamientos para unos y uno distinto para otros”.

“Esta reclamación se funda en la libre competencia, y no pretende de manera alguna solicitar a este Honorable Tribunal actuaciones contrarias a la ley o fuera del marco que a este se le reconoce, teniendo en vista el legítimo derecho que le asiste también a EPV para el desarrollo de su actividad con quien se trabaja y con quien no, cuando se aplica un mismo estándar jurídico para ello. Lo que se reclama es la arbitrariedad, ilegalidad y discriminación que se ocasiona con el actuar y omisión por parte de EPV al no establercer normas conocidas, públicas e iguales para estos agentes”, agrega el escrito.

Según la empresa demandante, lo anterior ha producido “lucro cesante”, “daño emergente” y “menoscabo” a Rumbo Sur que solicita al Tribunal obligue a EPV a cancelar $10 millones  por pérdidas derivadas de la “negligencia denunciada”, además de otros 20 millones de pesos por la “legítima ganancia” no obtenida.

A su vez, se solicita el pago de 9 millones por conceptos de pagos extra o sobre valor de arriendo, $1 millón por los costos de representación legal, 5 millones por supuestas pérdidas derivadas de la falta de regulación y “políticas claras dentro de los recintos de la empresa”.

Además de la cancelación de otros 15 millones de pesos por la “falta de regulaciones y políticas de la denunciada”.

Finalmente, se exige que el Tribunal curse la máxima  multa equivalente a 20 mil Unidades Tributarias Anuales, dado que “la denunciada y demandada, teniendo como maxime en su consideración que con su actuar contraviene principios rectores de nuestro ordenamiento constitucional y económico, afectando la libre competencia, entre otros”.

Consultados al respecto, desde la empresa portuaria estatal aseguraron que no han sido notificados por el TDLC.

 

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Lanchero demanda a EPV ante el Tribunal de la Libre Competencia

La empresa de turismo Rumbo Sur Limitada, cuyo giro es el transporte de pasajeros por vías de navegación interior, demandó a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) por supuestas prácticas discriminatorias que atentarían contra la Libre Competencia en la poza del Muelle Prat.

El demandante, Michael Ernst Pugh Olavarría, asegura que la portuaria estatal cambió uno de los cupos que tenía asignado para una de sus naves, ocasionándole a la empresa pérdidas económicas y conflictos con otros usuarios del sector debido a una supuesta falta de normas y contratos que rijan la gestión del tradicional punto, ubicado entre los Terminales 1 y 2.

“Esta falta de políticas y regulaciones, nace primigeniamente al no existir ningún tipo de contrato formal que establezca las condiciones en que nuestras empresas prestadoras de servicios en el Muelle Prat se vinculan con EPV, que eviten actos discriminatorios o atentatorios a la libertad económica y libre competencia, y que tal cual lo he denunciado a la misma demandada queda en evidencia en actos y actuaciones, que a mi juicio son abiertamente ilegales y discriminatorios”, reza la demanda.

A su vez, el demandante señala que no pertenece a ninguna agrupación, gremio o sindicato como Aglafletur con la que EPV habría mantenido conversaciones y negociaciones, dejando fuera a los actores no afiliados como  Rumbo Sur que alega “tratamientos para unos y uno distinto para otros”.

“Esta reclamación se funda en la libre competencia, y no pretende de manera alguna solicitar a este Honorable Tribunal actuaciones contrarias a la ley o fuera del marco que a este se le reconoce, teniendo en vista el legítimo derecho que le asiste también a EPV para el desarrollo de su actividad con quien se trabaja y con quien no, cuando se aplica un mismo estándar jurídico para ello. Lo que se reclama es la arbitrariedad, ilegalidad y discriminación que se ocasiona con el actuar y omisión por parte de EPV al no establercer normas conocidas, públicas e iguales para estos agentes”, agrega el escrito.

Según la empresa demandante, lo anterior ha producido “lucro cesante”, “daño emergente” y “menoscabo” a Rumbo Sur que solicita al Tribunal obligue a EPV a cancelar $10 millones  por pérdidas derivadas de la “negligencia denunciada”, además de otros 20 millones de pesos por la “legítima ganancia” no obtenida.

A su vez, se solicita el pago de 9 millones por conceptos de pagos extra o sobre valor de arriendo, $1 millón por los costos de representación legal, 5 millones por supuestas pérdidas derivadas de la falta de regulación y “políticas claras dentro de los recintos de la empresa”.

Además de la cancelación de otros 15 millones de pesos por la “falta de regulaciones y políticas de la denunciada”.

Finalmente, se exige que el Tribunal curse la máxima  multa equivalente a 20 mil Unidades Tributarias Anuales, dado que “la denunciada y demandada, teniendo como maxime en su consideración que con su actuar contraviene principios rectores de nuestro ordenamiento constitucional y económico, afectando la libre competencia, entre otros”.

Consultados al respecto, desde la empresa portuaria estatal aseguraron que no han sido notificados por el TDLC.

 

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