Por Redacción Revista Cargo
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El Foro Internacional de Transporte (ITF) dio a conocer un informe que advierte que es “muy probable” que las bancarrotas se hagan presente en el sector marítimo en 2021 y 2022 a causa de los efectos generados por la pandemia de Covid-19.
El documento evalúa el impacto de Covid-19 y las medidas tomadas por los Estados en el transporte marítimo en contenedores y muestra una imagen sombría de lo que se avecina. La pregunta que destaca es ¿deberían los gobiernos rescatar, con fondos públicos, posibles empresas en bancarrota? Los datos preliminares indican una disminución de -8.6% en el manejo de contenedores durante febrero; la caída “será mayor” en los meses siguientes. Incluso después del pico de la pandemia, los meses siguientes se regirán por el empeoramiento económico.
En el tercer trimestre de 2019, la ITF señala que las 14 grandes compañías navieras acumularon una deuda de USD 95 mil millones, muy lejos de los 76 mil millones en 2010. Ahora, la ITF infiere, ” es probable que en los próximos meses las compañías de transporte buscar más ayuda del gobierno”. Y, al mismo tiempo, los gobiernos pueden estar dispuestos a rescatar a estas empresas para que la cadena de suministro global no se ponga en riesgo durante la pandemia actual. “Sin embargo, este escenario plantea varias preocupaciones”, considera el organismo de la OCDE.
Uno de los problemas está relacionado con la “perspectiva de que un rescate aumenta la toma de riesgos por banda de compañías, lo que lleva a niveles que se considerarían insostenibles si no hubiera rescates”. El estudio recuerda que, a pesar de la excepción del armador surcoreano Hanjin, que se declaró en quiebra en 2016, las compañías navieras tuvieron apoyo estatal en la historia reciente y consideran que estas políticas “alentaron el mismo riesgo”. El informe también reconoce que hay un problema competitivo en el horizonte, ya que dicha ayuda pública “corre el riesgo de ser injusta en comparación con las compañías navieras que tienen bajos niveles de deuda”.
La ITF también se refiere a los riesgos externalizados, ya que considera que las compañías navieras han transferido al sector público no solo el riesgo de quiebra, sino también los riesgos del cambio climático, los riesgos para la salud por la contaminación del aire y riesgos financieros de la infraestructura pública. Desde el punto de vista del organismo, los riesgos de subcontratación se vieron facilitados por las exenciones de impuestos sobre los combustibles de los barcos, por la falta de inclusión del transporte marítimo en las iniciativas de fijación de precios del carbono y por exenciones generosas por parte de los puertos. La conclusión es clara: “La empresa puede reducir los costos, pero en el proceso, aumenta los costos para la sociedad”, dice el informe.
El tercer riesgo, según la ITF, es la “carrera hacia el abismo” emprendida por los gobiernos para proteger sus flotas de contenedores con generosos subsidios e incentivos fiscales. “Según esta lógica, el apoyo temporal para enfrentar una crisis se vuelve permanente; las medidas de apoyo de un país invitan a otros a compararlas o superarlas; y algunos países ampliarán sus medidas de apoyo para aumentar la competitividad del sector del transporte marítimo”, argumenta el documento.
