En una extensa declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile rechazó las acusaciones hechas por las autoridades del Gobierno de Bolivia respecto de “atropellos” a su comercio exterior en los puertos de Arica y Antofagasta.

“El gobierno de Bolivia ha venido afirmando que su derecho a transitar por territorio chileno implica una serie de obligaciones por parte de Chile. Entre ellas, tendría que realizar unilateralmente todas las inversiones necesarias para atender una carga boliviana que en los últimos años se ha multiplicado varias veces. Tales inversiones incluirían maquinaria, ampliación de caminos y nueva infraestructura. No existe tal obligación en el Tratado de 1904”, indica la Cancillería.

“Además, el gobierno de Bolivia estima que las autoridades de Chile no deben aplicar su normativa de seguridad del tránsito y de carga, la de protección ambiental o la de fiscalización para evitar el tráfico de drogas y personas. Las revisiones de la carga que realizan los servicios chilenos no son invasivas y no superan el 1% de los bienes exportados. A pesar de ello, el gobierno de Bolivia pretende que el Estado de Chile deje de velar por la protección ambiental de la población, la seguridad de las personas y el combate al delito internacional”, agrega el Minrel.

“Chile se ha comprometido a garantizar a favor de Bolivia la libertad de transitar por su territorio y usar sus puertos. Una libertad se garantiza cuando no se interfiere con ella. Adicionalmente a esta garantía de libre tránsito, Chile ha hecho enormes esfuerzos para dar las mayores facilidades a la carga boliviana. Se han mejorado los caminos, se está construyendo un nuevo paso fronterizo en Chungará, se han ampliado los espacios para el almacenamiento de la carga y se ha invertido en mejor tecnología en los puertos. Pero el gobierno de Bolivia desea que estas facilidades que Chile otorga se conviertan en obligaciones. No es así. Chile no está obligado a realizar las inversiones que Bolivia exige”, explica la cartera que lidera Heraldo Muñoz.

“Chile tampoco puede aceptar que el libre tránsito signifique no exigir a la carga boliviana –y a cualquier otra- el cumplimiento de la normativa ambiental, fitosanitaria, de seguridad en el transporte, de seguridad laboral, de prevención del tráfico de drogas y de prevención del contrabando. Todos los que transitan por territorio chileno, empezando por los propios chilenos, están obligados a cumplir las normas de aplicación general”, señala Relaciones Exteriores.

El ministerio  enfatizó que el libre tránsito otorgado por el Tratado de 1904 no establece gratuidad en el uso de los complejos portuarios incluidos en dicho acuerdo binacional. 

“El gobierno de Bolivia reclama que un incremento de las tarifas en los puertos de Antofagasta y Arica afecta su comercio exterior, así como su derecho de libre tránsito otorgado por el Tratado de 1904, y exige que Chile establezca las tarifas de los servicios portuarios de común acuerdo con ese país. Es necesario dejar en claro que un derecho de libre tránsito no es un derecho a la gratuidad en los servicios portuarios, ni tampoco que las tarifas requieran del consentimiento de Bolivia. Nada de eso deriva del Tratado de 1904“, aclara el Minrel.

También el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Bolivia hace interpretaciones equivocadas sobre el mismo tratado. 

“El gobierno de Bolivia invoca el artículo 6 de ese Tratado para sostener que todas las medidas que Chile tome respecto del libre tránsito o del uso de los puertos debe ser acordado con Bolivia. Esa es una interpretación errónea. Lo que el artículo 6 dispone es que la reglamentación del libre tránsito se establecerá por acuerdos entre ambos gobiernos, lo que no se puede extender a aquellas materias que no se refieren específicamente al libre tránsito, tales como tarifas, regulación ambiental, legislación laboral, seguridad vial, normas técnicas para los vehículos y otros similares”, apunta el ministerio en su declaración.

De la misma forma, desde la cartera diplomática aseguraron que las tarifas que se cobran en Antofagasta por los servicios portuarios a la carga de Bolivia son reducidas en comparación a otros usuarios del mismo puerto, situación que se repite en el terminal de Arica que ha sido blanco de críticas a causa del aumento de las tarifas. 

“Con todo, las tarifas que aplica el puerto de Antofagasta a la carga boliviana son reducidas en comparación con los otros usuarios del puerto. Algunas han experimentado alzas muy moderadas e incluso otras han disminuido su valor, como la de uso de muelle a la nave, que pasó de US$ 2,15 en 2015 a US$ 2,11 por metro eslora en 2016. Lejos de haber discriminación, lo que hay un es un trato preferente”, indica el Minrel.

“Lo mismo debe decirse de las tarifas que han sufrido un incremento en el puerto de Arica, en un promedio de 10,72%. Algunas de estas tarifas para la carga de importación no se reajustaban desde el año 2014. Se intentó consensuar el reajuste con Bolivia, pero la Administración de Servicios Portuarios de ese país rechazó finalmente el reajuste que en principio ella misma había propuesto”, acota Relaciones Exteriores.

De igual forma, el Minrel  cuestionó que Bolivia acuse una discriminación a causa del uso de rotainers y el acopio de las cargas minerales en el sector de Portezuelo, medidas aplicadas para hacer frente a la situación medioambiental de Antofagasta.

“Bolivia reclama como trato discriminatorio el uso de nueva tecnología para el transporte de minerales en el puerto de Antofagasta, que ha dispuesto el uso de ‘contenedores volteables’ o ‘rotainers’ para el transporte de los concentrados minerales desde el recinto de acopio de Portezuelo, ubicado a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, hasta el puerto. Razones ambientales exigen que el mineral no se acopie en la ciudad”, señala el Minrel en su nota.

“Antofagasta es una ciudad que ha sufrido las externalidades negativas de la minería y es obligación del Estado velar por la calidad del ambiente de la ciudad y su población. Los ‘contenedores volteables’ permiten rebajar los niveles de polvo en suspensión y dar un mejor servicio para el transporte de minerales. Gracias a esta nueva tecnología se mejorará la eficiencia del proceso de embarque de los concentrados minerales bolivianos“, fundamenta la cartera.

“Bolivia reclama que se prohíbe que el mineral boliviano se almacene a granel en el puerto de Antofagasta, mientras que la carga chilena goza de enormes espacios e infraestructura para el manejo de carga a granel. Los minerales bolivianos ocupan 3,5 hectáreas en el recinto de Portezuelo, espacio que no se encuentra disponible al interior del recinto portuario. Las cargas bolivianas que no constituyen peligro para la salud de la población y no demandan un uso excesivo de espacio, son almacenadas actualmente en el interior del recinto portuario, como la ulexita que exporta la empresa boliviana Copla“, añade el ministerio.

“Los concentrados minerales chilenos que se embarcan regularmente por el Terminal Embarque Graneles Minerales se encuentran sujetos a las mismas condiciones de los concentrados bolivianos. La excepción son los concentrados minerales de Minera Sierra Gorda, empresa que estuvo dispuesta a invertir 65 millones de dólares para la construcción de una bodega que emplea la última tecnología para el acopio ambientalmente seguro de concentrados minerales en un espacio que no supera las 0,7 hectáreas. Por lo tanto, no existe un trato discriminatorio al respecto”, enfatizó el ministerio”, apunta el Minrel.

“Bolivia reclama que, con el supuesto fin de dar prioridad al mineral chileno, Chile decidió que Bolivia no puede acopiar concentrados de zinc en instalaciones cercanas al puerto, desplazando la carga boliviana a 35 kilómetros, lo que genera importantes costos de logística. Bolivia no puede pretender que se siga acopiando zinc en medio de la ciudad, con evidente daño a la salud de las personas. Por lo demás, cuando se tomó esta medida de protección ambiental, en 1998, fue discutida con Bolivia y aceptada por su gobierno”, agrega la cartera.

“Respecto del Antepuerto Portezuelo, no se han aumentado los costos de almacenaje ni acopio en comparación con 1998. Este recinto cuenta con una capacidad estática de acopio de 80 mil toneladas y se han hecho importantes obras de pavimentación y construcción de bodegas. Tomando en cuenta que la carga boliviana goza de permanencia gratuita por 60 días, se podría acopiar 480 mil toneladas en un año. La transferencia histórica por el puerto de Antofagasta ha sido de 300 mil toneladas al año. Sin embargo, se ha vuelto frecuente que los exportadores superen los 60 días de almacenamiento, esperando mejores precios para los minerales, y esto tiene efectos obvios en la disponibilidad de espacio para el acopio”, afirma el Minrel.

Relaciones Exteriores en su nota descarta “los supuestos gravámenes que se imponen a la carga boliviana por mezcla de mineral en Portezuelo, Chile no cobra ningún impuesto, tasa ni gravamen por esta actividad de maquila. Ella debe pagar la mano de obra y los insumos que requiere, y en ningún caso está contemplada en el Tratado de 1904 ni en ningún otro convenio entre ambos países”.

Además, indica que “el gobierno de Bolivia sostiene que Chile incumple la obligación de otorgar almacenamiento gratuito para la carga de exportación en el puerto de Antofagasta. Los convenios vigentes otorgan 60 días libres de pago de almacenamiento a todas las cargas bolivianas de exportación, en los lugares que el puerto disponga para estos efectos. Esto se cumple a cabalidad”.

Paros

El Ministerio también cuestionó que el Gobierno boliviano ocupe como fundamento para probar incumplimientos al tratado los paros portuarios y de otros organismos  vinculados a la cadena logística. 

“Por fin, el gobierno de Bolivia afirma que las huelgas o paros que se han producido en los puertos chilenos constituyen una violación de su libre tránsito. El gobierno de Bolivia pretende que su derecho de libre tránsito implica la obligación de Chile de impedir toda huelga o paro por los trabajadores portuarios chilenos“, dice la declaración.

Finalmente, el Minrel enfatiza que “el régimen de libre tránsito otorgado por Chile a Bolivia hace más de un siglo, que le dio acceso al mar, no significa que el Estado de Chile renuncie a su obligación de salvaguardar la salud de su población, el cuidado del medio ambiente y la regulación de las faenas portuarias”.

“El gobierno de Bolivia ha pretendido sistemáticamente desconocer o renegociar el Tratado de 1904. A eso apuntan estos reclamos infundados del gobierno boliviano, que sólo pueden dañar las voluntades de colaborar para mejorar el libre tránsito de Bolivia”, concluye la declaración.