Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
CK Hutchison aseguró haber invertido USD 1.700 millones en dos puertos cercanos al Canal de Panamá, superando así el monto requerido bajo su contrato, el que está siendo auditado por las autoridades panameñas.
Panama Ports Company (PPC), en la que CK Hutchison posee una participación del 90%, renovó en 2021 su concesión operativa de 25 años para los recintos portuarios de Balboa y Cristóbal.
El gobierno panameño inició una auditoría del contrato en enero, lo que podría complicar un acuerdo de alto perfil realizado por un grupo liderado por la firma de inversión estadounidense BlackRock. Esto para la mayor parte del negocio portuario global de CK Hutchison, incluidos los dos puertos panameños.
La Contralora General de Panamá, Anel Flores, sostuvo de manera reciente que la auditoría ya encontró que Panamá “dejó USD 1.300 millones sobre la mesa” debido a incentivos y beneficios fiscales otorgados a CK Hutchison.
Por su parte, la compañía negó cualquier irregularidad y explicó cómo había ido más allá de las condiciones financieras del acuerdo, planteando que sus inversiones en Panamá habían superado no sólo los 50 millones de dólares requeridos en el contrato de concesión original firmado en 1997, sino que también habían eclipsado un requerimiento de 1.000 millones de dólares contenido en una adenda de 2005.
CK Hutchison, el conglomerado de telecomunicaciones y comercio minorista propiedad del magnate de Hong Kong Li Ka-shing, se ha visto atrapado en un tira y afloja altamente politizado desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó al cargo.
Trump ha amenazado repetidamente con tomar el control del Canal de Panamá debido a la presencia de empresas chinas y de Hong Kong en el negocio marítimo del país centroamericano y elogió el acuerdo de 22.800 millones de dólares con BlackRock.
Sin embargo, las autoridades chinas lo han criticado y el regulador del mercado chino está iniciando una revisión antimonopolio del mismo.
La auditoría del contrato de Panamá está a punto de concluir, según informó esta semana el contralor estatal Flores. Desde febrero, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República también han iniciado revisiones de la concesión y las condiciones de su renovación.
