Montecon, empresa ligada al Grupo Ultramar, planea demandar al Gobierno de Uruguay, luego de que el Ejecutivo de ese país alcanzara un acuerdo con Katoen Natie, que opera el Terminal Cuenca del Plata, que derivó en la extensión de esa concesión en 50 años.

La disputa surgió en 2015 cuando Katoen Natie acusó al Gobierno del Uruguay de, justamente, favorecer a Montecon debido a un supuesto “mal uso” de los espacios públicos del Puerto de Montevideo. El operador belga, por otro lado, se quejó en 2016 por las obras de ampliación en el terminal público, enrostrando a la Autoridad Nacional Portuaria su calidad de socia de TCP al ser la propietaria del 20% del terminal especializado en la transferencia de contenedores.

Ese mismo año, Katoen Natie deslizó la posibilidad de demandar a Uruguay ante el Centro Internacional de Diferencias (Ciadi). En 2017, la compañía de capitales belgas volvió a insistir  en acciones que atentaban contra sus intereses debido a la instalación de tomas eléctricas para contenedores reefer en el área pública por parte de Montecon.

En el contexto de este tira y afloja, Katoen Natie anunció que vendería todas sus acciones en Terminal Cuenca del Plata; es decir, se desprendería del 80% de la propiedad de esa empresa cuyo 20% restante pertenece al Estado uruguayo por medio de la ANP. La demanda contra su socio llegó, finalmente, en febrero de 2020 motivada por los supuestos favorecimientos de su socio, en su calidad de Autoridad Portuaria, a Montecon. 

La situación, que ahora mantiene disconforme a Montecon, se dio por superada por el Gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou, quien anunció en marzo pasado ante el Congreso del Uruguay un nuevo trato con Katoen Natie que, a cambio de la extensión en 50 años de su concesión, desistió de la demanda por USD 1.500 millones y comprometió inversiones por USD 455 millones. 

Ante esta situación, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, dijo en una entrevista a la Radio M24 que la empresa, dado este escenario, tendrá que cerrar si se materializa el acuerdo anuciado por el Gobierno del Uruguay, lo que dejaría a 700 personas sin empleo.

Olascoaga aseguró que el acuerdo “configura un monopolio de hecho en el puerto de Montevideo”.

En ese sentido, el ejecutivo detalló que la prioridad de atraque que otorga el gobierno a TCP significa exclusividad y se le quita la libertad a las navieras de elegir con qué empresa prefieren operar.

“Este no es un conflicto entre dos empresas grandes, es un tema que involucra al puerto en general y al comercio exterior (…) El acuerdo del gobierno con Katoen Natie viola la libre competencia y se dirige la carga hacia la terminal especializada”, señaló Olascoaga.

“El acuerdo viola la ley de puertos de 1992. Hay un malestar brutal de varias empresas por no poder elegir dónde operar”, añadió.

“Esto es ir contra el mundo, es ir contra la ley de puertos, se pone en riesgo la competitividad de las empresas. La ley 17.243 no otorga ninguna prioridad a la terminal especializada de TCP”, enfatizó.

Olascoaga subrayó que si se aplicara la nueva normativa Montecon deberá cerrar, agregando que “El comercio exterior de Uruguay va a quedar de rehén de una empresa por 60 años, justo cuando se pide la flexibilidad del Mercosur para poder comerciar más libremente”, expresó.

El gerente general señaló que la empresa promueve “que haya un espacio de diálogo para salir de este entuerto, que a esta altura parece bastante complejo porque las cartas están bastante jugadas”.

Olascoaga puntualizó, asimismo, que en caso de que el diálogo no prospere, la empresa analiza acciones legales, tanto locales como internacionales.

El ejecutivo puso en relieve que en el ámbito local realizarán todas las acciones legales que el sistema uruguayo permite. En particular, indicó que se analiza un recurso de revocación o un recurso de nulidad.

En el caso internacional recordó que Uruguay tiene un tratado de protección de inversiones con Chile y Canadá, de donde proceden los capitales de la empresa. Puntualizó que este eventual juicio se daría en un escenario donde Montecon estaría cerrado.

Montecon cuenta con 300 personas en planilla y unas 300 personas más vinculadas a su operativa, incluyendo empresas de estiba, camiones, entre otros.