Puerto Coronel acusa a autoridades de no reestablecer orden público

Por Redacción PortalPortuario

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Puerto Coronel acusó a las autoridades delegadas del gobierno central a nivel regional de no reestablecer el orden público que permita retomar las operaciones de dicho terminal de la Región del Bio Bio.

La compañía intentó enviar buses con trabajadores contratados al puerto con la intención de volver a iniciar las faenas; sin embargo, el bus fue atacado a piedrazos por los trabajadores eventuales que mantienen un bloqueo en las inmediaciones.

“La intensidad de estos ataques forzó a los buses a desviarse para buscar refugio en la Subcomisaría Lagunillas, en donde se pidió el auxilio de la fuerza pública, pero se encontraban atendiendo otros procedimientos”, acusó Puerto Coronel.

“La ocurrencia de estos hechos, en definitiva, impidió continuar el trayecto para ingresar al terminal, ante el grave riesgo de la integridad de los trabajadores. De lo anterior, el puerto no pudo reiniciar sus operaciones, permanece bloqueado ilegalmente, impidiéndose de esta forma el libre desarrollo de sus actividades y la libertad de trabajo del personal que labora en el mismo”, añadió.

“Hemos solicitado a la Delegada Presidencial  (Daniela Dresdner) en innumerables ocasiones que adopte las medidas necesarias para restablecer el orden público, desbloquear los accesos del terminal y resguardar la entrada y salida segura del puerto. Sin embargo, a más de 35 días de iniciado el bloqueo ilegal, no hemos recibido el apoyo de las autoridades para ingresar al mismo, desarrollar normalmente sus actividades y permitir a la gente trabajar”, enfatizó la empresa.

“Queremos manifestar públicamente nuestra protesta por la inexplicable pasividad de las autoridades frente a esta situación, que se prolonga ya por más de un mes y hacemos un llamado para que finalmente se dispongan las medidas necesarias para desbloquear los accesos al terminal de Puerto Coronel y restablecer el orden público y libre tránsito en el lugar”, concluyó Puerto Coronel.

El conflicto, que comenzó en el contexto de la aplicación de una política de prevención del consumo de alcohol y drogas, alcanzó 35 días desde el cierre del puerto el pasado 26 de marzo.


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