Por Redacción PortalPortuario.cl
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El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, ubicado en Londres, anunció que continuará su medida cautelar para restringir la intervención en el Dolareh Container Terminal en contra de la empresa portuaria del gobierno de Djibouti, Port de Djibouti SA (PDSA).
Es así que el tribunal extiende su orden emitida el pasado 31 de agosto para prohibir el término del contrato de concesión a DP World en la administración del terminal de contenedores del Puerto de Dolareh.
Es así que el Tribunal decidió que la orden judicial continuará hasta que se dicte una nueva orden o una adjudicación del tribunal de arbitraje en el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), que se formará para resolver la disputa de participación accionaria entre PDSA y DP World.
La determinación fue anunciada luego de una audiencia realizada el pasado 14 de septiembre, a la que PDSA no compareció a pesar de haber sido notificada.
En la solicitud de DP World, además, la Corte también extendió la medida cautelar para incluir a cualquier “afiliado” de PDSA, ya que según el Acuerdo de JV, los afiliados de PDSA incluyen al Gobierno.
Lo anterior se debe a la promulgación de una ordenanza de “emergencia” por parte del presidente de Djibouti, efectuada el 9 de septiembre, donde pretendía transferir las acciones de PDSA en Doraleh Container Terminal al Gobierno del país.
En este contexto, el Tribunal ordenó a PDSA que se asegure de que cualquier adquirente de acciones de Dolareh Container Terminal “esté legalmente vinculado por el Acuerdo de Joint Venture y sus Estatutos, de la misma manera que PDSA”.
La resolución significa que ni el Gobierno de Djibouti, ni PDSA pueden controlar el recinto portuario ni dar instrucciones válidas a terceros sin el consentimiento de DP World.
Por otra parte, DP World añadió que continuarán buscando todos los medios legales para defender sus “derechos como accionista y concesionario en el Terminal de Contenedores de Doraleh ante la flagrante falta de respeto por el estado de derecho y el respeto de los contratos comerciales vinculantes del Gobierno”.
“Esta es otra más de una serie de sentencias, todas a favor de DP World, que demuestran la continua falta de respeto por el estado de derecho de Djibouti. Subrayamos nuestra convicción de que las empresas que pretendan operar en un país o que ya estén operando allí deben considerar seriamente sus relaciones con este Gobierno ante tal comportamiento”, señaló un vocero de DP World.
