Por José Francisco Díaz
@PortalPortuario
Un critico análisis al rol que juega la institucionalidad pública en la inversión privada en infraestructura logístico – portuaria, realizó el secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz. En esa línea, el personero advirtió que la retrasada decisión sobre la construcción megapuerto de la zona central “debe tomarse ahora”.
El exministro de Obras Públicas del Gobierno de Ricardo Lagos fue enfático en señalar que para desencadenar el desarrollo al que Chile aspira, se debe contar con un ente que defina las directrices y guíe los esfuerzos de los actores públicos para concretar iniciativas como la del Puerto a Gran Escala (PGE) en la macrozona central del país –cuyo anuncio fue obviado en la última Cuenta Pública de la presidenta Bachelet– o el proyecto de Terminal 2 de l Puerto de Valparaíso.
“En los últimos diez años, hemos escuchado una cantidad reiterada de propuestas respecto a la necesidad del Puerto a Gran Escala y hemos escuchado también a distintas autoridades – no solo las actuales – referirse respecto de la necesidad de postergar esta decisión. En algunos seminarios se nos plantea que la necesidad del PGE está para el año 2030 y si está para dicha fecha la decisión tenemos que tomarla ahora”, comentó.
Cruz, quien expuso su posición en el seminario de Camport “Innovación Institucional en el Sector Marítimo – Portuario”, cuestionó cómo y dónde se toman las decisiones para realizar las iniciativas.
“¿Dónde se discute la urgencia que el país tiene respecto a un Megapuerto? ¿Con quién se convienen los esfuerzos institucionales, políticos y económicos para llevarlo adelante? ¿Cómo se define la localización y cuáles son los elementos claves para que ésta pueda efectivamente servir como base para el desarrollo de nuestro comercio exterior? Tenemos una deficiencia institucional importante que finalmente termina delegando la posibilidad de llevar adelante esta iniciativa en la práctica por la vía de los hechos”, puntualizó.
Terminal 2
Deficiencias que a su juicio dan cuenta del poco compromiso de la autoridad para sacar adelante las iniciativas, como es el caso del proyecto de Terminal 2, el cual involucra una inversión de USD 500 millones y que por estos días se entregará la adenda al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara), realizado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
“En cuanto al Terminal 2 de Valparaíso, tenemos varios años ya desde el momento de su adjudicación y aún estamos escuchando que progresivamente se le aumentan las exigencias ambientales, que hacen que este esfuerzo de inversión tan importante que el país requiere deba postergarse sucesivamente. Vemos que la Empresa Portuaria delega en la concesionaria la responsabilidad de sacar adelante el Estudio de Impacto Ambiental. La concesionaria delega en la empresa constructora su tramitación, entonces la pregunta es ¿no es éste un proyecto de interés del Estado de Chile por lo cual debemos pedirle a las autoridades que se comprometan a resolver los problemas ambientales que implica la concreción de un proyecto de esta envergadura con la importancia que tiene?”, sostuvo.
El problema – a juicio del ex secretario de Estado – es donde radican las responsabilidades para resolver los problemas que entraba la inversión privada en el desarrollo de infraestructura pública y que cumple con funciones estratégicas.
“Entonces, da la impresión de que las cosas tienen cierta dinámica propia, que somos muy respetuosos una institución con otra, que somos muy respetuosos entre públicos y privados, pero al final tenemos un problema institucional significativo frente al cual yo creo que es importante hacerse cargo”, cerró.
