Por Redacción PortalPortuario.cl
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El gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, aseguró que no asistirá a ninguna reunión con la Empresa Portuaria Arica o con Terminal Puerto Arica (TPA) para discutir un nuevo régimen tarifario, ya que ese tema -según dijo- fue elevado a la Cancillería boliviana, la cual se encuentra a la espera de una respuesta de su símil chilena.
Sánchez, de esta manera, se refirió a la decisión de la Empresa Portuaria Arica de mandatar a su concesionario a aplicar su Manual de Servicios con el objetivo de normalizar su esquema tarifario para todos sus clientes, independiente si corresponden a Perú, Chile o Bolivia, ante lo cual TPA invitó a ASP-B a negociar valores preferenciales antes de la implementación del nuevo régimen a partir del 5 de agosto.
“Queda entendido que yo no podré asistir el 5 de agosto a ninguna reunión aunque quieran explicar el nuevo Manual de Servicios, porque esta solicitud ya está a nivel de cancillerías, sería desoir lo que está nivel de cancillerías y estar en otra lógica. Por lo tanto, por respeto a las instancias nacionales estaremos esperando que la Cancillería chilena dé una respuesta y esperemos nos convoque a la parte operativa y técnica para poder explicar ese Manual de Servicios que solo hemos conocido por un portal web y a través de una nota que nos hace conocer la EPA, donde señala que nos invita hasta el 5 de agosto para explicarnos su nuevo Manual de Servicios”, aseguró Sánchez.
Sánchez aseguró, además, que tras la revisión del Manual de Servicios del Puerto de Arica, se encontró con alzas tarifarias que, según él, alcanzarían 246% para los importadores bolivianos.
En ese sentido, David Sánchez descartó que su institución esté cobrando un sobre precio a las tarifas portuarias aplicadas en Arica.
“Se está generando una confusión respecto que la ASP-B está cobrando un tarifario mayor y le está generando ese cobro al importador boliviano y eso se aprovecha en estas coyunturas”, indicó.
Respecto de este punto, Sánchez insistió que las tarifas que cobra fueron consensuadas en 2005 por un decreto ministerial con el sector privado de su país, acusando -por otro lado- un “uso” desde Chile de esa situación, a pesar de que han sido los empresarios bolivianos los que han puesto el tema sobre el tapete.
“Hoy se está aprovechando en el vecino país de Chile que ASP-B es el que está cobrando, que se queda con la tarifa y ASP-B no quiere reconocerle al TPA y TPA estaría sin recursos y estaría perdiendo competitividad y estaría perdiendo carga”, sostuvo.
