Por Redacción PortalPortuario.cl

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El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá no accedió a ninguna de las pretensiones del concesionario a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que buscaba recibir por parte del Gobierno nacional medio billón de pesos colombianos (127 millones de dólares) debido a un supuesto desequilibrio económico del contrato, como consecuencia de la no profundización del canal de acceso al puerto y del efecto económico de la pandemia por la covid-19.

El vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Fernando Ramírez, resaltó las labores que desde el Gobierno permitieron que Colombia no tuviera que asumir este pago.

“Una de las pretensiones del concesionario tenía que ver con los supuestos ingresos económicos que el puerto dejó de recibir debido a la no profundización del canal de acceso; sin embargo, y tal como lo confirmó el Tribunal, esta responsabilidad no es de la ANI. No obstante, seguiremos trabajando en equipo para lograr unas mejores condiciones que permitan una mayor accesibilidad de los diferentes tipos de buque en el puerto”, aseguró el vicepresidente Jurídico de la ANI, entidad a cargo de la concesión portuaria.

Agregó que “se pudo demostrar que no hay ninguna afectación al contrato de concesión, que está bien concebido, y que en este caso no aplican las consecuencias económicas del llamado efecto covid”.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, concesionada por la ANI,  es un puerto logístico en el pacífico colombiano se caracteriza por la realización de una operación multimodal y multipropósito con la prestación de servicios especializados ambientalmente sostenibles.

El puerto cuenta con 13 muelles que suman una longitud total aproximada de dos kilómetros, lo que le permite una disponibilidad permanente para la atención de naves pequeñas y de calados acordes al canal de acceso al puerto de Buenaventura.