Por Redacción PortalPortuario.cl

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La noticia de que Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) desistiría de su contrato de concesión en el Terminal 2 de la capital regional porteña era un secreto a voces en el sector portuario. Ya en diciembre se proyectaba que el 29 de marzo sería el día decisivo en que el fondo australiano IFM Investors -sucesora de OHL en el desarrollo del proyecto- haría las maletas para zarpar amparándose en la cláusula del way out, situación que se dio 21 días antes, dejando al puerto nuevamente sumido en una crisis.

El hecho, ocurrido a cinco años del inicio de la concesión, no quiso -por ahora- ser comentado por la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien ha sido una férrea defensora de la iniciativa en virtud de la necesidad de Chile de aumentar su oferta portuaria para el comercio exterior. La vocería, de este modo, quedó centrada en la figura de Raimundo Cruzat, presidente de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) que, tal como ocurrió luego de su nombramiento durante el conflicto de los portuarios eventuales, salió a dar luces sobre el futuro del puerto local.

En entrevista con PortalPortuario.cl, Cruzat aseguró  que “lo primero, esto es una facultad del concesionario que estaba en el contrato y, en ese sentido, uno tiene que estar preparado de que estas cosas pueden pasar, pero lo importante es, dada la frescura de la noticia, es que EPV también dentro de sus facultades en el contrato de concesión con TCVAL va asumir la titularidad de todos los estudios y del proceso de calificación ambiental que se ha llevado a cabo hasta ahora y que se va a seguir llevando a cabo. Por lo tanto, de alguna manera la cuña es que aquí hay un concesionario que ha decidido no perseverar en el contrato, pero nosotros sí podemos perseverar con el proyecto”.

¿Qué procesos se activan por parte de EPV al conocerse esta determinación del concesionario?

Nuestro primer paso hoy día es asumir la defensa de la resolución de calificación ambiental en el proceso de judicialización que tiene lugar. Estamos preparados para eso, tenemos la titularidad de todos los informes, de todos los estudios y vamos a trabajar coordinadamente con el concesionario para, en conjunto también con los otros organismos que han sido consultados por el Servicio de Evaluación Ambiental en esta judicialización, seguir defendiendo la resolución que se obtuvo en noviembre del año pasado. Eso en concreto significa que el proyecto de Terminal 2 como se aprobó puede seguir adelante.

¿Qué ocurrirá con la operación en el área concesionada?

El espigón va a seguir operando como lo ha hecho hasta ahora, así lo ha manifestado el concesionario y así lo establece el contrato por los próximos dos años, lo que por un lado le genera ingresos al concesionario, pero también a la empresa portuaria y, lo más importante, es que se sigue transfiriendo carga en el espigón, lo cual ha aumentado en los últimos meses, a diferencia de lo que ocurrió en TPS si miramos los números de 2018 comparados a los de 2017 y lo mismo ocurrió en enero comparado con el enero anterior. También hay que mencionar que todas las recaladas de cruceros se han generado y se van a generar en el espigón, por lo que la actividad portuaria se mantendrá inalterada.

¿Qué viene para más adelante?

Desde el punto de vista del futuro, nosotros tenemos este periodo de tiempo para seguir impulsando el proyecto o, en su mérito estudiar proyectos alternativos que, eventualmente, pudieran ser mejores para Valparaíso. Hoy, lo que tenemos es una Resolución de Calificación Ambiental, que si bien está en un proceso de judicialización, se obtuvo y, frente a los cuestionamientos que son esperables en un proceso de la naturaleza como este, van a ser atendidos y respondidos con nuestra titularidad en coordinación con el concesionario y también con los otros organismos consultados.

¿Por qué se llega a esta situación después de 5 años desde que se firmó el contrato de concesión?

El concesionario es bastante claro en la carta con la que nos informa esta decisión y resume, básicamente, esto en dos razones principales. Una, lo extenso y extendido del proceso de calificación ambiental que, a juicio de ellos, supera con creces lo normal  y lo esperable para un proyecto de esta naturaleza y, en segundo lugar, las constantes expresiones de algunos actores locales contra el proyecto. Un proyecto similar en San Antonio, que fue Puerto Central, su proceso de calificación ambiental tomó ocho meses, uno podrá discutir si son comparables o no, pero desde el punto de vista de la infraestructura que se pretende desarrollar, efectivamente esto se ha extendido y hay que tomar en cuenta que la ley prohíbe que las concesiones portuarias se extiendan más de 30 años, por lo tanto, estos cinco años han disminuido el periodo de explotación del concesionario, disminuyendo la rentabilidad de su negocio.

¿Existe la posibilidad de que Valparaíso acabe siendo un puerto monooperado como Coquimbo o Arica?

Creo que Valparaíso necesita aumentar su capacidad de transferencia y, en ese sentido, nosotros seguimos impulsando lo que tenemos más avanzado que es el Terminal 2. Esta noticia está muy fresca y la decisión que ha tomado el concesionario no necesariamente arrastra consigo el proyecto. Independiente del modelo al que, finalmente, se llegue, porque hay que estudiar las distintas alternativas, nuestro compromiso es a aumentar la capacidad de transferencia de carga en Valparaíso, sin perjuicio de otros proyectos que nosotros estamos evaluando en el marco del desarrollo estratégico del puerto como el muelle exclusivo de pasajeros. Creemos que no son excluyentes estas cosas y soy un convencido de que se va a requerir de una mayor oferta de transferencia de carga y, por eso, es importante seguir desarrollando este proyecto y Valparaíso no puede darle la espalda a la actividad portuaria que es parte de su ADN.

¿Se puede consensuar la aspiración de duplicar la capacidad portuaria de Valparaíso con la mirada que han tenido los opositores al proyecto, entre ellos el alcalde Jorge Sharp? ¿Cómo se sale de esta situación?

Hay que separar los temas, separar la discusión si el proyecto es malo o es bueno, si pudo haber sido mejor o hay otro proyecto. Esa es una discusión válida que se puede tener y lo otro es que no he oído a nadie que diga que Valparaíso no necesita más puerto, más transferencia de carga de la que tiene hoy  y no solo por Valparaíso que, como EPV es mi primera prioridad, porque si lo miro desde el punto de vista del comercio exterior, de lo que queremos ser como país, nosotros tenemos que desarrollar capacidad portuaria en la zona de influencia de la región central, tenemos que ser capaces de mover carga en tren, de desarrollar el proyecto de accesibilidad que permita aumentar la eficiencia logística de los camiones en Valparaíso.

Pensando en alternativas ¿Se podría relicitar el proyecto separando al espigón del resto del Terminal 2, a fin de permitir la operación de TCVAL mientras se busca otro operador? 

La Resolución de Calificación Ambiental se obtuvo por un proyecto determinado, conocido que es el Terminal 2, si nosotros pensamos y nos abrimos a un proyecto distinto, cualquiera sea, por ejemplo lo que usted plantea, implicaría un proceso de calificación ambiental nuevo, así que eso hay que tenerlo claro y en cuenta, porque estos procesos se resuelven con un nivel de detalle altísimo. Sin perjuicio de eso, uno podría pensar o imaginar un proyecto en paralelo o de una complejidad distinta que pudiera tener un proceso de calificación ambiental más corto como el que, por ejemplo, tuvo Puerto Central, pero eso, son cosas que tenemos que analizar. Hoy, gracias a que nuestro contrato lo permite, como EPV podemos seguir impulsando el proyecto de Terminal 2 como lo conocemos que tiene una RCA que podría estar a firme de acuerdo como prosperen los recursos que se han interpuesto contra esa resolución, pero -insisto- Valparaíso necesita esa capacidad. Nos impide eso estudiar otras alternativas, por supuesto que no.

De relicitarse el proyecto ¿Cuáles son los plazos?

Me cuesta contestar eso responsablemente dado que la noticia está muy fresca. Lo que sí quisiera entregar la tranquilidad que este plazo de 2 años fue diseñado y pensado, precisamente, para que en caso de que el concesionario hiciera uso del way out, cualquiera fuera en cualquier momento, la EPV tuviera tiempo para hacer un nuevo proceso de licitación; es decir, si bien hoy no es responsable decir cuándo vamos a llamar a un nuevo proceso de licitación, sí puedo decir que ese plazo de 2 años nos permite hacerlo, que si eventualemente -tal como lo permite el contrato- TCVAL quisiera  perseverar en el contrato, nosotros tenemos la facultad de decirle que sí, pero también que no sin expresión de causa y, en tercer lugar, también es prudente tener más información sobre cómo avanza la judicialización de la RCA y preguntarse si el proyecto podría generar interés en otro concesionario.

O sea, ¿TCVAL podría desistir de renunciar a la concesión?

El contrato de TCVAL le permitía el way out, lo obligaba a operar el espigón durante 2 años, pero a los 18 meses de comunicada su decisión del way out tiene la posibilidad de reconsiderar  su decisión y expresar su voluntad de seguir o retomar el contrato y, en ese caso, EPV tiene la facultad de aceptar esa solicitud o rechazarla, entonces no es un ruido para EPV que esté abierta esa puerta en un eventual nuevo proceso de licitación.