Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
Los transportistas mundiales se encuentran a la espera que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se pronuncie sobre el plan para imponer tarifas portuarias a los buques vinculados a China. Esto como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para revivir la construcción naval estadounidense y contrarrestar el dominio del país asiático en alta mar.
El 17 de abril, el primer aniversario del lanzamiento de la investigación de la USTR sobre las actividades marítimas de China, es la fecha límite legal para que la agencia finalice sus soluciones después de concluir en enero que China utiliza políticas y prácticas injustas para dominar el transporte marítimo mundial.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, comentó la semana pasada que la agencia no aplicaría todos los aspectos de su propuesta de tarifas original, que describía una serie de opciones para penalizar a China, incluidas tarifas portuarias de millones de dólares para barcos con vínculos con China.
La aparente revisión se produjo tras un tsunami de oposición pública y privada por parte de la industria marítima mundial, incluidos los operadores de puertos y buques estadounidenses, así como los exportadores e importadores de la nación norteamericana de todo tipo de productos, desde carbón y maíz hasta bananas y hormigón.
Durante una audiencia en el Congreso, Greer sostuvo que las tarifas podrían no ser acumulativas y que estarían diseñadas para evitar daños económicos.
Reuters informó por separado que la administración estaba considerando una variedad de opciones para suavizar la propuesta de tarifa portuaria después de recibir comentarios de representantes de la industria, las que se realizaron en reuniones privadas o a través de cientos de comentarios enviados en línea.
La implementación también podría llegar en noviembre como resultado de la retroalimentación, dijeron a Reuters tres fuentes que siguen el tema y que pidieron no ser identificadas.
Los ejecutivos de la industria habían advertido que los contribuyentes estadounidenses, los trabajadores e incluso los armadores y propietarios de navíos de ese país que el gobierno pretende apoyar podrían verse perjudicados si el plan se adoptaba sin ajustes, porque casi toda la flota naviera mundial existente estaría sujeta a enormes tarifas.
Los puertos pequeños y medianos, por ejemplo, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que los buques dejen de hacer escala en ellos si el USTR cobra la tarifa en cada visita a un recinto portuario estadounidense.
De darse lo anterior y concentrarse recaladas en los puertos más grandes saturaría estas instalaciones, a la vez que perjudicaría a las terminales secundarias que han recibido miles de millones de dólares de inversión pública en mejoras de infraestructura, advirtieron los ejecutivos portuarios.
“La norma tal como está redactada actualmente, en particular la tarifa impuesta por cada escala en el puerto, puede tener un impacto significativo en la cadena de suministro, lo que podría causar consecuencias imprevistas que perjudiquen a los puertos estadounidenses y a quienes dependen de la cadena de suministro global”, comentó Scott Chadwick, director ejecutivo del Puerto de San Diego, en una declaración a Reuters.
El Consejo de Constructores Navales de Estados Unidos, que representa a la industria, dijo que apoya el esfuerzo de Trump para restaurar y fortalecer la industria de construcción y reparación naval estadounidense.
Las tarifas propuestas socavarían años de inversiones del gobierno federal en puertos, incluyendo proyectos de dragado, nuevos equipos de manejo de carga y la ampliación de terminales de carga, declaró Cary Davis, director ejecutivo de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), en una carta dirigida al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
Davis indicó que algunas de esas inversiones se realizaron durante el primer mandato de Trump. “Esta propuesta podría convertir muchas de estas valiosas inversiones, que se traducen en miles de empleos, en activos inutilizados”, escribió Davis.
Representantes de la Northwest Seaport Alliance y de los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Seattle revelaron que se reunieron con funcionarios del USTR antes de las audiencias públicas a fines de marzo para abordar cuestiones de desvíos de carga.
A ellos se unió el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenistas que representa a sus trabajadores portuarios y los operadores ferroviarios de la Costa Oeste Union Pacific y BNSF, propiedad de Berkshire Hathaway.
“No se trata sólo de redirigir la carga; se trata de la infraestructura y los sistemas que mantienen las mercancías en movimiento”, expresó Matt Leech, director ejecutivo de Ports America, con sede en Nueva Jersey, uno de los mayores operadores portuarios de Estados Unidos.
“No se puede ampliar la capacidad construyendo nuevas líneas ferroviarias ni reubicando a toda una fuerza laboral de transporte de la noche a la mañana”, concluyó.
