Por Redacción PortalPortuario
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El Gobierno de Colombia reforzó su postura sobre la suspensión de operaciones que mantiene sin posibilidad de funcionar al Muelle 13 del Puerto de Buenaventura.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, clarificó que no se revocará la decisión que determinó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de paralizar las actividades en el recinto portuario, pues no puede realizar labores sin una licencia ambiental adecuada, un requisito que Ventura Group -controlador de Grupo Portuario S.A.- no cumple, consignó el medio Valora Analitik.
Asimismo, la ministra de Transporte, María Constanza García, respaldó la posición y señaló que la falta de dicha licencia refleja una serie de incumplimientos acumilados en los últimos tres años.
El conflicto del Muelle 13 en el Puerto de Buenaventura surgió luego de que, a finales de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobara la renovación de la concesión a Grupo Portuario, pero cinco días después se echó para atrás con la decisión.
Tras una demanda ganada por la compañía, la resolución de la ANI que impedía renovar la concesión fue rechazada. Después, el Consejo de Estado rechazó la demanda presentada por el Grupo Portuario S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que buscaba que se cumpliera el contrato de operación del Muelle 13 en Buenaventura.
Por su parte, la Anla suspendió las actividades del recinto “debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos ambientales actuales y a la necesidad de tener claridad frente a las circunstancias reales y materiales del proyecto”.
En ese escenario, Grupo Portuario S.A. rechazó dicha resolución por “tratarse de un acto desproporcionado, ya que exige un nuevo estudio ambiental, desconociendo la vigencia del Plan de Manejo Ambiental de 2002, que el concesionario ha implementado cabalmente. Resulta arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”.
