Por Redacción PortalPortuario
El Diputado por el 7° Distrito, Región de Valparaíso, Luis Cuello, junto a la concejala por Valparaíso, Alicia Zúñiga, y el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Alexis Antinao, presentaron un escrito ante la Contraloría General de la República en defensa del “Acuerdo por Valparaíso”.
Lo anterior a raíz del procedimiento iniciado por el ente fiscalizador tras una denuncia ingresada por el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, quien deslizó una posible ilegalidad del convenio suscrito entre la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), la Municipalidad de Valparaíso y el propio Gobierno Regional de Valparaíso.
En concreto, en la misiva se sostuvo que “a nuestro juicio, el proyecto de ampliación portuaria debe desarrollarse con la más amplia participación ciudadana, recogiendo y procesando las inquietudes de organizaciones o sectores sociales que, legítimamente, pueden sentir afectados sus intereses”.
“El Acuerdo por Valparaíso expresa una necesidad de desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestra región, de mejoramiento de las condiciones de empleo para sus habitantes, de reconocimiento concreto y material de la identidad de Valparaíso como ciudad puerto y de la proyección estratégica de las capacidades portuarias de Chile”, complementó.
En este sentido, las partes solicitaron a la Contraloría el “ratificar que el Acuerdo por Valparaíso se ajusta al ordenamiento jurídico”. Algo que anteriormente fue asegurado a PortalPortuario por parte de la EPV y el Gobierno Regional de Valparaíso tras afirmar que la iniciativa se encuentra dentro de los marcos establecidos por la ley, la misma que también recibió el respaldo de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).
Al respecto, el diputado Luis Cuello señaló a PortalPortuario que “este escrito responde a un requerimiento que fue presentado por una organización, donde se cuestiona la legalidad del Acuerdo por Valparaíso y, en particular, la ampliación del puerto. Me nace el deber de poder defender la actividad portuaria y, sobre todo, la necesidad de que Valparaíso se recupere, que recupere su actividad económica y eso pasa necesariamente por avanzar en la ampliación de las capacidades del puerto y en una mejor relación entre el puerto y la ciudad”.
“Examinando con rigurosidad los argumentos de la presentación de la fundación que pide la ilegalidad del acuerdo, nos damos cuenta de que se fundamenta en argumentos bastante errados y, a mi juicio, el Acuerdo por Valparaíso cumple con todos los requisitos del ordenamiento jurídico y, además, está sujeto a cumplir con normas ambientales, patrimoniales y de libre competencia”, subrayó.
El Acuerdo por Valparaíso, que se firmó en 2023, es un pacto entre la empresa portuaria, la gobernación regional y el municipio que busca recuperar y desarrollar la ciudad porteña y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad y la competitividad del Puerto de Valparaíso, cuyo proyecto de ampliación busca no dejar de lado las demás vocaciones de la comuna, lo que incluye las actividades de su borde costero.
Finalmente, cabe recordar que la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero (AMCPC) solicitó al Presidente Boric -en marzo de 2024- que extienda el “Acuerdo por Valparaíso” a todo el país. Esto luego que el convenio estableciera una nueva relación entre puerto, ciudad y región que a criterio de la AMCPC debe ser replicado a lo largo de Chile.
